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La última década se ha mostrado harto difícil para la marcha democrática nacional, pues uno de los pilares de la estabilidad institucional, el Estado de Derecho, ha sido permanentemente azotado. En las conductas de los ciudadanos y gobernantes, ha sido más una fachada formal que una realidad material. Nótese como se ha debido soportar cambios de la estructura administrativa y jurisdiccional del Tribunal Constitucional en tres ocasiones así como la Corte Suprema de Justicia ha sido permanentemente violentada en su independencia. Tampoco se puede olvidar que desde 1996 ningún Presidente ha podido culminar el período para el cual fue elegido.
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