La tenencia y el consumo de drogas constituyen un problema de salud pública y, al mismo tiempo, un factor de estigmatización cuando las personas con adicciones se ven involucradas en procesos penales. Ante este hecho, la justicia puede asesorarse en peritajes psiquiátricos para diferenciar entre una persona drogodependiente y un narcotraficante y, de esta manera, evitar criminalizar la adicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador. El objetivo es descriminalizar y desestigmatizar el consumo, priorizando el tratamiento en salud sobre el enfoque punitivo. La hipótesis plantea que es posible explicar científicamente cómo la afectación mental influye directamente en la culpabilidad. La metodología utilizada es cualitativa y descriptiva, basada en la presentación de un caso juzgado.
