Cuestionamiento a la discrecionalidad en el régimen de medidas cautelares constitucionales en Ecuador
DOI:
https://doi.org/10.18272/ulr.v7i1.1699Palabras clave:
Medidas cautelares, derechos fundamentales, prestación de servicios de salud, incumplimiento contractual, abuso del derecho, garantía constitucional, dialisisResumen
Una realidad incómoda, pero abiertamente aceptada, es que los sistemas de justicia latinoamericanos están lejos de ser eficientes. Ecuador no es la excepción. Y no es que no se pueda obtener justicia por parte del Estado, pero la sociedad se ha convencido de que esto puede tardar en llegar. Mecanismos como las medidas cautelares buscan solventar esta dificultad relacionada a la dilación en los procesos, producto del congestionamiento en los servicios jurisdiccionales. En el entorno jurídico la respuesta a un problema puede ser la causa de muchos otros, siendo esto consecuencia de una legislación plagada de antinomias que pueden llevar al sujeto de derechos a la indefensión. Esta es la razón por la cual el presente artículo busca ser una exposición de la normativa pertinente al caso, para así conducir al lector a una discusión fundamentada sobre las implicaciones éticas y legales con respecto de las medidas cautelares.
Primero se brindará un recuento del desarrollo de medidas similares en Ecuador, después buscando aterrizar las debilidades de la normativa expuesta, se utilizará la resolución 2015-10509. Tratándose el caso de un tema relacionado con la salud, específicamente los procedimientos de diálisis, una revisión del régimen jurídico pertinente aclarará cómo se conectan las medidas cautelares con los derechos fundamentales. Subsecuentemente se retomarán los alcances de la normativa que regula esta garantía jurisdiccional y evidenciando el riesgo que comprende la discrecionalidad que desencadena en posibles abusos del derecho, posteriormente se abre paso a la crítica y a la observación de que el régimen jurídico ecuatoriano, en lo que respecta a este capítulo, atenúa su rigor. Recalcando que la delicadeza del tema radica en las facultades de una institución que permite generar prohibiciones o forzar ciertos accionares con incidencia directa sobre los ciudadanos, sin tener un procedimiento de juicio de por medio.
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