El presente artículo analiza el acceso al derecho a migrar como un derecho humano, y el ejercicio del derecho a permanecer, como uno de sus derechos centrales. Se exploran sus límites conceptuales establecidos por los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y migratorio, para ser reconstruido como un término paraguas más abarcador, que da acceso a derechos básicos de contenido social, cultural y económico. Por otro lado, se devela la contradicción interna que emerge tras el reconocimiento constitucional del ius migrandis, y la coexistencia de otras normativas/políticas migratorias jerárquicamente inferiores, cuestionadoras de su eficacia. En tal sentido, a partir del caso cubano en Ecuador, se analiza la legitimación de una política migratoria segmentada y criminalizadora sobre un sujeto diferenciado, mayormente en razón de su nacionalidad.
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