El presente artículo analiza al delito de tráfico ilícito de migrantes en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), e identifica la existencia de un problema de legitimidad, que es la falta de determinación del bien jurídico protegido. Esta indeterminación ha llevado a que la doctrina y los jueces en sus sentencias emitan sus propias consideraciones sobre el bien jurídico, llegando a reconocer a la soberanía y regulación migratoria del Estado como el centro de enfoque de la protección penal. Este artículo cuestiona esta fundamentación y propone reestructurar la protección penal hacia los derechos de las personas mediante el uso del peligro abstracto como respuesta legitimadora. Esta labor se realiza mediante el empleo de una metodología inductiva y hermenéutica.
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