Desde fines del siglo XXI hay un movimiento en el seno internacional de lucha contra la corrupción en el sector privado que, por mucho tiempo, estuvo alejado del debate científico y político en detrimento del sector público, cuyos instrumentos jurídicos son más largos y extensos. Sin embargo, Brasil camina al contrario de otros países que ya criminalizan la corrupción, con muchas tentativas frustradas, frente a recientes escándalos de tramas de corrupción de repercusión mundial que involucra a particulares. El presente artículo busca discutir el actual escenario brasileño y las consecuencias de la ineficiencia del parlamento brasileño en dictar medidas efectivas de criminalización de la corrupción en el sector privado para la sociedad brasileña, especialmente para la iniciativa privada.
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