¿Qué hacer cuando la corrupción llega al arbitraje? Una perspectiva ecuatoriana sobre el rol del árbitro y de las partes procesales

Abstract

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias al que le aplica el principio constitucional y legal de denunciar y combatir la corrupción. Bajo este deber, el árbitro tiene la obligación de examinar y pronunciarse sobre actos de corrupción, cuando tales actos sean relevantes para tener un entendimiento claro de la controversia y además tiene la obligación de denunciar actos de corrupción ante las autoridades públicas. La corrupción es un concepto amplio mediante el cual se ejerce influencia indebida sobre servidores públicos y personas privadas. No todos los actos de corrupción están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Bajo el mismo deber constitucional y legal, las partes procesales y los abogados de parte que actúan de buena fe también están llamados a denunciar actos de corrupción ante las autoridades públicas.