En este trabajo se examina las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de exclusión social en el Ecuador a partir del análisis del caso Furukawa. El caso fue resuelto por la Corte Constitucional (2024) en la sentencia 1072-21-JP/24, que declaró la existencia de esclavitud moderna en las haciendas de la empresa Furukawa desde la década del sesenta, en perjuicio de personas socialmente excluidas y en condición de vulnerabilidad. A partir de la sentencia de la Corte Constitucional, en este artículo se identifica barreras geográficas y económicas, así como conductas de la empresa y la negligencia de las entidades estatales, que llevaron a que el acceso a la justicia sea tardío y desigual. Frente a estas barreras, y a fin de evitar que los hechos juzgados por la Corte se repitan, en el artículo se determina la necesidad de formular una política pública. Para ello, se propone fortalecer las instituciones públicas encargadas de prestar servicios jurídicos y explorar mecanismos alternativos de acceso a la justicia, como la implementación de trabajadores comunitarios.