En este artículo se analiza la incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en las políticas de seguridad pública en América Latina, con énfasis en Ecuador, Colombia y Perú, y sus implicaciones para los derechos fundamentales. La pregunta de investigación que guía el estudio es: ¿en qué medida la implementación de estas tecnologías se desarrolla sin mecanismos adecuados de control jurídico y supervisión institucional, generando riesgos para los derechos fundamentales?
Desde un enfoque jurídico comparado y dogmático, el estudio examina tres tipos de tecnologías: videovigilancia inteligente, policía predictiva y reconocimiento facial, a partir de dimensiones analíticas como privacidad, transparencia algorítmica, sesgo y rendición de cuentas.
Los resultados evidencian patrones comunes de opacidad en la adopción de estos sistemas, ausencia de auditorías independientes y una débil articulación entre innovación tecnológica y garantías constitucionales. Asimismo, se identifican riesgos estructurales asociados a la vulneración del derecho a la privacidad, la presunción de inocencia y la no discriminación.
En este contexto, el artículo propone el fortalecimiento de los marcos regulatorios mediante la incorporación de evaluaciones de impacto en derechos humanos, estándares de transparencia algorítmica y mecanismos de control judicial, con el fin de garantizar un uso legítimo de la IA en la seguridad pública.
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