Los casos de contaminación transfronteriza de las aguas plantean cuestiones relativas a la jurisdicción competente y a la ley aplicable en materia de litigios por responsabilidad. Para favorecer a la persona perjudicada y la protección del medio ambiente, el Derecho procesal internacional europeo le da la opción de interponer una demanda en el lugar de la acción o en el lugar del daño directo. Las normas de conflicto de leyes también permiten a la persona perjudicada elegir entre la ley del lugar de la acción y la ley del lugar del daño directo. Se plantean problemas específicos en la interfaz entre el derecho privado y el derecho público cuando el causante del daño es una autoridad pública, cuando se trata de indemnizar daños puramente ecológicos o cuando el comportamiento perjudicial cumplía las normas aplicables o incluso estaba autorizado.
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