Jurista, académica, consultora, formadora, activista Miembro del colectivo ciudadano "Quito, YO me APUNTO'
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La política es un concepto que tiene varias acepciones, y en el contexto de esto artículo se utilizarán aquellas relacionadas con "actividad" política, tanto de gobernantes como de gobernados. En el mundo, en general, y en nuestra región en particular, la ciudadanía no tiene un buen concepto de la calidad de la democracia, o de las instituciones políticas. La nueva realidad nos exige un cambio importante de paradigma. La gobernanza, la gobernanza colaborativa, el gobierno abierto y la ciudadanía activa son conceptos que cada día tienen mayor relevancia. El año 2011 ha sido muy turbulento, y no podemos aún valorar la importancia y las lecciones aprendidas de estos procesos ciudadanos. La política nos sirve para ser mejores ciudadanos.
Es siempre bueno comenzar por delimitar el campo de acción, o el trazado de la cancha, a fin de que lectores y autora estemos en el mismo punto de partida. Fundamental, entonces, es que definamos aquel término que forma parte de la pregunta generadora de este número de Polémika: ¿Qué entendemos por política? En el diccionario de la Real Academia Española (DRAE)[1], podemos encontrar varias acepciones del vocablo "política" o "político." Algunas de ellas corresponden al tema que nos ocupa, y aquí las incluyo:
Político,ca (Del latín politicus)
1. adj. Perteneciente o relativo a la doctrina política.
2. adj. Perteneciente o relativo a la actividad política.
7. f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.
8. f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.
9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos son su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
Centraré mi breve análisis en la actividad política, donde nos encontramos con una primera "aparente" (y tradicional) dicotomía:
(a) la actividad política ejercida por quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, es decir la actividad que desarrollan aquellas personas a las que usualmente se las conoce como "políticos" de carrera, miembros de algún partido o movimiento político, o que - en calidad de independientes - igualmente buscan ser elegidos o nombrados para algún cargo o posición pública de relevancia, a fin de lograr regir los asuntos públicos de un Estado, o de un territorio determinado; y,
(b) la actividad política ejercida por ciudadanas y ciudadanos cuando intervienen (más bien, cuando intervenimos) en los asuntos públicos, ya sea con nuestro voto, con nuestras opiniones, o de manera más activa, y participativa, a través de acciones concretas, incluida la participación ciudadana, y el ejercicio de nuestros derechos en tanto que actores políticos.
¿Para qué - entonces - nos sirve la actividad política a los ciudadanos? Y, sobre todo, y tal vez aún más importante, ¿cómo ejercemos - o podemos ejercer - nuestros derechos y obligaciones políticas los ciudadanos del siglo XXI?
Para una ciudadana de a pie (o en bus, auto, o bicicleta) ¿qué le significa la actividad política? En primera instancia podríamos decir que el ciudadano medio del siglo XXI, particularmente en nuestra América Latina, ha sufrido ya varias decepciones políticas. Es decir, ha ejercido su voto - al menos - una vez en su vida, y usualmente se ha sentido "decepcionado" por los resultados de ese ejercicio de un derecho político consagrado en la Constitución. Ese mismo ciudadano medio, siente que las instituciones políticas no lo representan. Basta con analizar los datos resultantes de las encuestas anuales que realiza la Corporación Latinobarómetro[2], para darnos cuenta que la opinión que la gran mayoría de latinoamericanos tiene de la política y de las instituciones es realmente lamentable.
Como bien menciona el último párrafo de la presentación de dicho informe, a pesar de que nuestra región vive el mejor momento desde el punto de vista del estado de nuestras democracias, paradójicamente "la debilidad de la política y la desconfianza son el Talón de Aquiles del proceso de consolidación de la democracia."
Si analizamos los datos, nos daremos cuenta que en general en la región, la gente no le tiene confianza a las instituciones políticas, ni al Congreso o Legislativo, ni a los partidos políticos, ni al Poder Judicial, algo más a la Fuerzas Armadas, y muy poco a sus gobiernos. El Ecuador es un caso realmente de estudio, puesto que el actual presidente de la República tiene niveles de aceptación bastante altos, que van desde el 58% al 75%, durante su gestión, y - sin embargo - esa misma población en el 2010 tiene niveles muy bajos de confianza en (a) la Asamblea, con 24%, (b) los partidos políticos, con un 20%, (c) el Poder Judicial, con un 21%, (d) el gobierno, con un promedio de 49%, y - finalmente (e) las Fuerzas Armadas, con un 53%. Esto, de alguna manera nos muestra, que seguimos siendo un país en el que la población no confía en las instituciones, pero pone mucha confianza en los caudillos.
¿Qué hacer, entonces, ante esta situación? Claramente algo no está andando bien. Si como ciudadanos con plenos derechos políticos no nos sentimos bien representados (v.g., la mayoría de la gente sigue considerando que quienes gobiernan no lo hacen a favor de la mayoría, sino que lo hacen privilegiando a los grupos de influencia - en Argentina el 79% tiene esa opinión, en Chile el 68%, y en el Ecuador el 61%, datos siempre tomados del Latinobarómetro 2010), y le tenemos muy poca confianza a las instituciones; significa que consideramos que la "política" (en tanto que actividad política) no nos sirve. O, al menos, no nos sirve como quisiéramos. Por lo tanto, si las cosas no están bien, hay que cambiarlas.
Resulta interesante ver como la ciudadanía en América Latina tiene mucha mayor confianza en los actores económicos, y que - si tuviera que escoger - optaría por apostarle a la integración económica y no a la política.
Podemos observar, así mismo, que la ciudadanía tampoco les tiene mucha confianza a los medios de comunicación, y que busca fuentes alternativas de información y de comunicación. Hoy por hoy, las redes sociales, para comunicación directa entre personas, colectivos y organizaciones sociales; así como varios medios electrónicos de comunicación y de investigación (a través de la Internet), y de diseminación de contenidos especializados en temas políticos y económicos, son una realidad que permite a personas de todas las edades informarse de fuentes directas y ya no depender de los medios tradicionales de información, como son la radio, la televisión y los periódicos y revistas. A pesar de que la penetración de Internet en nuestros países es aún muy baja en relación a otras regiones, como Norte América o Europa, la población busca con ahínco la manera de comunicarse directamente, inclusive a través de los teléfonos celulares.
¿Qué nos dice esta nueva realidad? Una realidad que no es propia de nuestra Región, sino que es ya parte de la forma de ver la vida de las personas - sobre todo las menores de 30 años - en todas partes de nuestro planeta. Nos dice que la política - como cualquier otra actividad humana - se debe hacer de otra manera. Y este es un mensaje que le debe llegar a todos quienes tienen interés en lo público, y en las políticas públicas.
En este punto quisiera incluir otro concepto, sirviéndome nuevamente del diccionario de la RAE[3], y me refiero al vocablo "gobernanza":
1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.
Este es un concepto muy valioso que nos permite a todas y todos el repensar la forma de hacer política. Resulta ser - entonces - que si los varios actores optamos por trabajar de manera mancomunada para avanzar hacia un desarrollo sostenible (o duradero), podremos tener mejor "gobernanza", y - probablemente - sintamos que nuestras expectativas son tomadas en cuenta.
Si seguimos actuando de la manera tradicional, es decir esperando que los políticos, con o sin partido, y las instituciones y sus autoridades sean las que se ocupen de las políticas públicas, y de nuestro desarrollo, seguiremos sintiendo que no formamos parte del proceso, y estaremos constantemente insatisfechos.
Es momento, entonces, que la ciudadanía - mejor aún si debidamente empoderada y organizada - opte por hacerse cargo de sus derechos políticos, y de ejercer no solamente su derecho al voto, sino una activa participación en las decisiones que tienen que ver con su vida, con sus territorios, con el desarrollo sostenible y armónico en todos los ámbitos, social, cultural y - obviamente - político también.
¿Cómo lograrlo? A través de la "gobernanza colaborativa", que es un concepto que deviene del anterior. No podemos encontrar una definición de este concepto en los diccionarios, pero aquí comparto una traducción mía de la versión inglesa que aparece en "wikipedia", la enciclopedia que es - también - producto de la colaboración de cientos de miles de personas en todo el mundo que participan ad-honorem en la construcción de conocimiento:
La gobernanza colaborativa es un proceso y una forma de gobernanza en la cual los participantes (partidos, agencias, actores) - que representan diferentes intereses - son colectivamente empoderados para tomar una decisión de política pública, o para hacer recomendaciones a tomadores de decisiones que no realizarán.
cambios sustanciales a las recomendaciones consensuadas por el grupo.[4]
La verdad es que este concepto, más fuerte aún que el de “gobernanza” sola, implica que la ciudadanía se empodera efectivamente, y no solamente de manera teórico-conceptual, sino en la práxis; en un práctica cotidiana, constante y creciente de incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas, que le pertenecen. Esto exige mucha preparación, voluntad y tiempo por parte de los grupos ciudadanos, o movimientos sociales que opten por ejercer la “gobernanza colaborativa”, sobre un determinado tema o conjunto de temas de políticas públicas. Al mismo tiempo, exige una actitud altamente democrática y abierta por parte de las autoridades que representan a las instituciones públicas, o niveles de gobierno, correspondientes.
Es así que llegamos a otro concepto, no tan nuevo en el mundo, pero - tal vez - un tanto inusual en nuestras realidades latinoamericanas. Me refiero al “gobierno abierto” o al “open government”, que es el otro lado de la gobernanza colaborativa. Solamente podrán ser exitosas las voluntades y acciones ciudadanas, altamente empoderadas y comprometidas, si es que del otro lado existen gobiernos dispuestos a aceptar esta colaboración de la ciudadanía. Resulta, entonces, que es necesario que se produzca un importante cambio en el paradigma de la forma de hacer política, y de realizar la gestión pública, para que podamos lograr la gobernanza que todos deseamos, una gobernanza real, viva. Las constituciones, las leyes y demás normativas y acuerdos son importantes, pero si todas las buenas voluntades quedan en “letra muerta”, pues es como si éstas lindas ideas, esos geniales conceptos, esos altruistas ideales, no existieran. A veces (o casi siempre, más bien) es preferible que haya menos palabras, y se produzcan más acciones.
El “gobierno abierto” consiste - justamente - en un gobierno visible para la ciudadanía: gestiones transparentes, información pública de verdad, relación directa entre autoridades y ciudadanía. Y, claramente, la revolución digital que vivimos en estos tiempos nos permite lograr esto más fácilmente, y a costos relativamente bajos. Obviamente, no es solamente cuestión de llenar de computadoras las instituciones públicas, o de lograr una gestión cero papeles. Es cuestión - como suele decirse de manera coloquial - de cambiar el “chip” en las mentes de los burócratas, y también en las actitudes de la ciudadanía. Una ciudadanía activa, acompañada de una ciudadanía digital efectiva, puede constituirse en una verdadera revolución en la forma de hacer política. Y, de hecho, en muchos países - inclusive en el nuestro - ya hemos dado pasos importantes en algunos temas, pero aún nos falta mucho por avanzar.
En el Ecuador, como ha sucedido ya en muchos países, tenemos una normativa que no solamente exige a los gobiernos una mayor transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; sino que - además - ofrece a la ciudadanía una serie de instrumentos y herramientas que le permiten participar en la toma de decisiones, y exigir a las autoridades no solamente mayor transparencia, sino una efectiva participación ciudadana en varios niveles. Esta legislación es bastante nueva, y aun cuando es suficiente desde un punto de vista legal, no lo es desde un punto de vista real. La sociedad civil, y las organizaciones ciudadanas, deben trabajar de manera mancomunada para lograr que las autoridades y demás funcionarios públicos, cambien su forma de pensar, y se acostumbren a “lidiar” con ciudadanos empoderados y cada vez más exigentes. No es cuestión de tener agua de un solo hervor, como dice el dicho. Es decir, no es cuestión solamente de salir a “marchar” un día y de escribir grafittis en las calles de nuestra ciudad. Esas acciones también son importantes y tienen su rol en un proceso democrático. Pero la ciudadanía activa se la debe vivir diariamente, consistentemente, y oportunamente. Y - además - es necesario que la ciudadanía tenga estrategias claras, en su accionar frente a la autoridad.
El 2011 ha sido un año particularmente aleccionador para el mundo entero. En diciembre de 2010 no nos hubiéramos - tan siquiera - imaginado toda la turbulencia que hemos observado alrededor del mundo, inclusive en nuestra misma región. Comenzando por Túnez y su liberación del dictador Ben Ali; siguiendo por Egipto y el movimiento de la plaza Tahrir que logró la caída de Mubarak y que sigue luchando por una verdadera democracia, y mejores condiciones de vida; avanzando con otros países del Magreb y del Medio Oriente que buscan liberarse de dictaduras opresoras; cruzando luego el mar Mediterráneo y observando lo sucedido en Plaza del Sol con el movimiento de los Indignados en España que exigen una democracia real y responsable; luego los jóvenes chilenos que luchan por una educación pública gratuita y de calidad; hasta llegar al movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos de América, y particularmente en Nueva York, que también quieren una mejor democracia, y exigen que los "culpables" de la crisis sean los que paguen, y no las grandes mayorías empobrecidas. No podemos vaticinar cuál será la siguiente movida, pues simplemente la ciudadanía (es decir, personas, familias enteras), y los movimientos sociales, están tomando una fuerza, y una relevancia, nunca antes vista en una escala global. Resulta ser, que la era digital sí está logrando algo que algunos soñaron, y otros - más escépticos - no creyeron: comunicación global. A través de redes sociales como Facebook y Twitter, y de sitios web como Avaaz, y Alternet, las voces disonantes se juntan, y los gobiernos pueden (o pueden intentar) controlar a los medios de comunicación tradicionales, pero es simplemente imposible que puedan controlar la Internet (¿o sí?).
¿Qué lecciones podemos obtener de cada uno de estos procesos, que siguen sucediéndose a una velocidad vertiginosa?
¿Tenemos - acaso - más preguntas que respuestas?
Volvamos, entonces, a nuestra pregunta inicial ¿Para qué puede sernos útil la política? Yo diría que, para muchas cosas, pero principalmente para expresarnos, para hacer escuchar nuestras voces, las voces de los cientos, miles y millones de personas que usualmente no somos escuchados, y que - normalmente - hemos debido esperar a que nuestros "representantes" hablen por nosotros. Y aquí los medios tradicionales de información también tienen su cuota de culpa, al no haber dado cabida a las voces de las grandes mayorías.
¿Para qué más nos sirve la política? Pues para apropiarnos de nuestros destinos. Para que ciudadanas y ciudadanos dejemos de ser pasivos, y cambiemos nosotros también el "chip" hacia una ciudadanía activa; utilizando los diversos instrumentos y herramientas legales y asociativos que tenemos a nuestra disposición para decidir, para actuar, incidir y exigir, de ser necesario.
Y también nos sirve para educarnos, como ciudadanos, en la historia de nuestro territorio; para involucrarnos en los temas que nos atañen y que tocan a nuestras familias. Para lograr algo que parece muy simple, pero que en estos tiempos tan confusos hacemos cada vez menos, y esto es "apropiarnos" de nuestros espacios públicos, de los bienes comunes que nos pertenecen, y que, por comodidad, dejadez, o necedad, hemos abandonado. Y nos sirve para conocer nuestros derechos, y nuestras obligaciones. Y luego de conocerlos, para cumplirlos, y luego exigirlos.
En suma, la política nos sirve para ser mejores personas, mejores habitantes, mejores vecinos, mejores ciudadanos.