Fernando Navarro S.
Empresario
En el estricto sentido de la palabra, barrio, parroquia, aldea, caserío o recinto (término usado en la costa) no es sino un pequeño conglomerado humano que vive compartiendo los pequeños espacios que la marginalidad les ofrece, en conjunción de sus recursos, trabajo y facilidades sociales públicas y privadas. No existe un orden jerárquico preestablecido, ni una jefatura designada a dedo, más bien se establecen preferencias hacia los liderazgos que se destacan por su participación activa en los asuntos de la vida comunitaria y una prelación hacia ellos en las designaciones, ya sea para las elecciones democráticas, o las designaciones por encargo de tal o cual tarea. La autoridad religiosa copa todavía, en gran medida, las actividades de la comunidad relativas a la práctica de los ritos dogmáticos y de sus áreas coledañas, tales como la catequesis y las fiestas del santoral etc. La autoridad civil, de nominación democrática como la Junta Parroquial o la de nominación política como el Teniente Político, conviven en una forzada armonía, producto de la estructura jurídica obsoleta y que se origina en su concepción en la vieja práctica del reparto de privilegios, que le vuelve anacrónica a sus existencias.
Nacer al interior de estas realidades, se convierte en una extraordinaria fuente de aprendizaje y reflexión. No existe mejor lugar para el contacto directo, con el "país real", que la convivencia con la base de las grandes mayorías que coincidentemente habita en la zona rural del Ecuador. El censo poblacional del 2.000, determinó que allí viven nada menos y nada más que 4'720.000 ecuatorianos, lo que representa aproximadamente el 33% de la población total. No es casual entonces, que la voluntad rural se manifieste en el ambiente político, como una fuerza decisiva en los eventos electorales y no es menos conocida la presencia política del movimiento indígena en el Ecuador rural, que en las últimas dos décadas han marcado el paso a la organización política partidista.
Pues bien, con este rápido preámbulo, vemos en la organización popular rural, un motor de desarrollo de inimaginable energía, que a diferencia de los grupos poblacionales citadinos, no sufren de la contaminación cultural que produce todo conglomerado humano denso. Más bien, su entorno refleja una calidad de vida mucho mejor dotada, de un medio ambiente más integro, aunque con un notorio déficit de infraestructura urbana básica. Se dice de la vida rural, que si no fuese por la falta de obra pública básica como alcantarillado, electricidad, agua potable, sellamientos asfálticos y teléfonos, a más de la ausencia de instituciones educativas de calidad y servicios médicos con tecnología de punta, no existiría la migración en los niveles que se conocen. Este aspecto es de orden axiomático. Los jóvenes que optaron en su mayoría por migrar, lo hicieron en búsqueda desesperada del estándar de vida que sus propios ojos habían constatado en las grandes urbes de su propio país, pero en el que no tenían espacio para vivir, por ende para trabajar. Súmese a esta reflexión, el impacto que causa el medio moderno de comunicación, que lleva a cualquier rincón ideas e imágenes tentadoras, aunque sean solamente el maquillaje mágico que el cine y la propaganda construyen para vender utopías. Se vuelve entonces irresistible el deseo de cambio, que no es sino la búsqueda intrépida de un futuro, una posesión o un bien de consumo simple o suntuario. Esto es típico de la naturaleza humana, y no entenderlo así es cometer un error primitivo pero común en nuestros días en que se invocan erradamente los principios “revolucionarios” como el manantial que ha de satisfacer la sed de bienestar de los pueblos. He aquí la primera inflexión a la tradición. Es más fácil mover a un hombre hacia la ambición de poseer una fuente de riqueza y bienestar con calidad de vida, que al sacrificio incondicional en la búsqueda del bien común, mediante cánticos y sones revolucionarios e imágenes etéreas de Patria, justicia social y lucha de clases. Recordemos a Maquiavelo,"… el arte de gobernar radica en el conocimiento de la naturaleza humana”. Pero lo primero no se opone a lo segundo, se complementan.
¿Cómo iniciar una corriente colectiva de deseo hacia la obtención de una mejora que impacte en la vida de los individuos de una comunidad? ¿Cómo proclamar el derecho a la propiedad individual de ciertos bienes, tales como casa, vehículo o servicios básicos? ¿Cómo obtener una fuente de ingresos permanente y a perpetuidad, que me permita obtener lo anterior sin migrar? Son las preguntas que nos obligan a ensayar una respuesta y es así como comenzó la historia que a continuación me permito relatar.
En la década de los 90' viviendo ya en San Antonio de Pichincha, recibí a una delegación de moradores que me solicitaron dar mi nombre para presidir la Junta Parroquial. Me pareció sensato aceptar y luego de unas semanas se realizó una especie de elección democrática, y digo una especie, porque aceptar o no el resultado de la misma era privativo del alcalde de turno. Pues bien, fui electo y graciosamente ungido por el alcalde para desempeñar esa función. Lo primero que atrajo mi atención, fue la urgente necesidad de promover una ley que sancione la existencia jurídica de las parroquias, las mismas que habían sido eliminadas de la división política del estado ecuatoriano, mediante un decreto supremo de Velasco Ibarra, que tenía por objeto sacar del reparto presupuestario a esta suerte de tribus impertinentes para, a lo sumo, tenerlas como pueblos tributarios a lo largo y ancho del país. Fue solamente en 1999 con la Asamblea Constituyente y con el invalorable apoyo del ex presidente Oswaldo Hurtado, que se logró introducir la reforma que daba vida jurídica a la célula más pequeña de la división política del estado Ecuatoriano, la Junta Parroquial.
Mucho antes de la reforma constitucional, ya se habían comenzado a movilizar a los barrios de San Antonio para, mediante autogestión, comenzar a construir la red de alcantarillas, las mismas que están en servicio hasta hoy y que se iniciaron contra la voluntad de la Empresa de Agua Potable de Quito, depositaria oficial de ese monopolio. Como se lo hice notar al gerente de aquel entonces, ese monopolio no estaba atendiendo desde hace muchos años la demanda insatisfecha ni respondiendo por los casos de cólera que se habían presentado en esos días como consecuencia del aguafecal que corría por medio de las calles. Alegaban falta de estudios técnicos, pero lo que les fastidiaba en verdad era la falta de pago de tributos, porque si hubiese sido lo primero, más pesar deberían haber tenido por los muertos que trajo el cólera. No tengo tampoco ninguna duda que el "sindicato de profesionales" vio invadido sus dominios, cosa difícil de tolerar ya que se proponía obra sin desembolso por parte de la caja municipal. Tremendo desacato al sistema de contratación pública. Sepan ustedes, estimados lectores, que los barrios organizados en esa década pudieron construir más de 250 km. de alcantarillas, con diámetros que variaban entre los 30 y 40 cm, sin que las mismas hayan significado un solo céntimo de egreso al patrimonio municipal. Hablo en plural, porque San Antonio dio el ejemplo a otras parroquias del Cantón Quito, tales como: Calderón, Guayllabamba, El Quinche, Tababela, Puembo, Tumbaco, Alangasí, Pomásqui, Cala- calí, Lumbisí y algunos barrios periféricos de Quito como Atucucho y Amagasí del Inca, donde los moradores contribuyeron, a prorrata de sus terrenos, con la tubería y la mano de obra. Aquí debo señalar algo relevante. En esos mismos años, Roque Sevilla y yo habíamos recibido como liquidación de una compañía constructora, de la cual éramos socios, equipo y maquinaria que todavía podían trabajar, pero como de ello no teníamos mucha idea decidimos, de mutuo acuerdo, dedicarla a la gestión social, de tal manera que los barrios y parroquias referidas nacieron al éxito con este apoyo. Para nosotros no era sino utilizar unos fierros que habían sido amortizados en su vida útil y era infinitamente más atractivo destinarlos a superar la indigencia de los barrios. Contribuiríamos, al mismo tiempo, con el mantenimiento del equipo y con los salarios de los operadores y un ingeniero de planta. Durante 10 años las máquinas hicieron innumerables trabajos que alcanzaron a otras provincias, siempre con la formula "…ustedes pagan el combustible y la alimentación y hospedaje de los operadores, nosotros les proveemos de máquinas, su trasporte, repuestos y salarios…".
Recuerdo, como si fuese hoy, cuando Mariano Curicama, flamante alcalde de Guamote, recibió nuestra ayuda para adecentar más de 1.100 km de carretera de segundo y tercer orden en varios cantones de la provincia de Chimborazo, varios kilómetros de aducción de agua potable y la carretera Guamote-Cebadas en una extensión de 30 Km. Por cierto, esta carretera había llenado la boca de 15 gobiernos que hablaban de la obra magna, la carretera Guamote-Macas. El tramo de esta historia fue construido por Mariano Curicama con maquinaria prestada, sin que le cueste un céntimo al estado. ¿Qué dirán los jueces que exculparon a la Andrade Gutiérrez cuando lean esta nota? ¿Qué dirán los organismos multilaterales de crédito, cuando sepan que las alcantarillas hechas por autogestión, se comparan uno a siete en costos con las financiadas por ellos, es decir que por cada metro que ellos contrataban, se gastaban siete veces más que en los barrios, por autogestión?
Ustedes preguntarán qué es lo que movió a la gente parroquial en Pichincha y a Mariano Curicama en Chimborazo a realizar esta proeza. La respuesta sencilla es el deseo de resolver por sí mismo asuntos abandonados a su suerte por el estado, pero sobre todo el enorme estímulo que otorga el sentimiento de autoestima que nace de vencer grandes obstáculos y barreras invisibles, creadas por las costumbres consuetudinarias de nuestros gobernantes y sus leyes, y por los malditos monopolios naturales del estado que han hipotecado desde tiempos inmemoriales la felicidad del pueblo ecuatoriano y vaya uno a saber de qué otras naciones. Tomar como propio el descubrimiento creador y amplificante de la suma de voluntades para derrotar obstáculos, es la consecuencia del ejemplo. Conseguir mejor calidad de vida proveyéndose a sí mismo de los elementos que la mejoran con obras sencillas y fáciles de ejecutar, tiene que ver con los sentimientos de dignidad. La dignidad es directamente proporcional al medio ambiente circundante. Quien es digno lucha y supera adversidades y hace carne de la autoestima. Dirán algunos que esto requiere "catequesis" o prédica, sin duda. Largas jornadas compartidas de voluntariado para la convivencia, de diálogo didáctico y emotivo, son necesarias. Los barrios y las parroquias más pobres, no tienen mejor oportunidad que la "socialización" en sus casas comunales o en la iglesia del sector, para convocarse al debate, al aprendizaje y a la elección de sus mejores alternativas de progreso. Su capacidad de asimilación es extraordinaria. A su modo entienden los más complejos ejercicios académicos con una facilidad sorprendente y no dejan de aportar ejemplos aún más pedagógicos que los traídos por el "catequista".
Comprender el sentido de una prorrata o de un fidecomiso mercantil no resulta fácil para los letrados, sin embargo, la gente que proviene del campo las comprende con poco esfuerzo porque sus vidas no son, sino, el ejercicio cotidiano de esas prácticas. Comparten a diario su pobreza, se apoyan solidariamente en la desgracia y cumplen fielmente sus mejores promesas. Son pues, un terreno fértil para la siembra de los deseos y las esperanzas y a veces creo que solo se requiere la voz fertilizante de los que más tienen y el riego refrescante de la ayuda humanitaria, que deben provenir tanto del estado como de la sociedad civil más favorecida.
Más allá de la organización comunal para la minga de desarrollo físico, existe la organización para la lucha de los intereses políticos y hoy es cada vez más común la organización para la búsqueda de desarrollo económico. Esta última toma cada vez más impulso, debido a la conciencia creada sobre temas de sustentabilidad. En el sector indígena, el notable avance en el campo de la lucha política, contrasta con el rezago del progreso económico. No se distingue ningún avance en las conquistas económicas, que no sean aquellas de impacto circunstancial, por la presencia de divisas remesadas por la población migrante. Esto se explica por la ausencia de propiedad en actividades que generen riqueza. La clase gobernante, históricamente, ha querido lavar su conciencia aportando algunas ideas de intención redistributivas como lo fue la reforma agraria, que como tal, fue articulada en el Ecuador por los EE.UU. en la década de los 60'. No hay otro ejemplo de esa magnitud. Se repartió tierra sin apoyo técnico y sin financiamiento y hoy después de dos generaciones de "beneficiarios", campea el minifundio de tamaño ridículo. Se trocó el término huasipungo por el de "huachopungo", pues por derecho sucesorio, la tierra termino fragmentándose a niveles de "tugurio agrícola". Es por esto que la nación entera está convocada a definir una nueva manera de proponer inclusión masiva en la propiedad que genera riqueza, de aquella que no se fragmenta como la tierra, sino que crece con el tiempo, aquella propiedad que capitaliza, ya sea por sus utilidades o porque adquiere más socios. Insisto, en esa dirección no ha habido grandes proyectos, más bien las más modestas iniciativas generan grandes temores en la población mestiza dominante. Le temen al "efecto dominó". O le temen al efecto que causa la independencia económica de la gran masa. Le temen perder acceso al clientelismo político y lo que es peor le temen a la subversión social, que nosotros los mestizos seamos menos que los indígenas. Como si los "mishos" no tuviésemos de que estar orgullosos. Como si nuestra sangre indígena no tuviese el suficiente mérito y germen para entender mejor nuestro propio destino.
En Chimborazo existe un magnífico ejemplo de lo que puede lograr la unión de las voluntades individuales para la búsqueda de acceso a la propiedad que genera riqueza, es así como doce mil campesinos pobres formaron el Fidecomiso de Inversiones de Chimborazo, con el propósito de proponer, públicamente, la compra de la mayoría accionaria de Cementos Chimborazo. Los indígenas liderados por Mariano Curicama, resolvieron el problema de la gerencia, mediante la búsqueda de un socio estratégico. Lo consiguieron con Cementos de Portugal CIMPOR. Esta empresa portuguesa aceptó una participación minoritaria del 49 % y ofreció sus fuentes de financiamiento, no solo para la compra, sino también para la reconversión de la vieja planta y la puesta en marcha de un nuevo proyecto cementero en alguna otra provincia, con montos de inversión que superan los 150 millones de dólares. Demasiado bueno para ser cierto. Hoy el administrador es un obstáculo, pero también la ley, que exige la propiedad del estado en un 51%. Que les vaya bonito como canta ese famoso corrido. Mariano Curicama, está decidido a seguir adelante con un proyecto 100% cementero privado o de cualquier otra actividad, porque una vez constituido el fidecomiso, existe el instrumento perfecto para la búsqueda de otros horizontes de inversión.
El Ecuador tiene una masa desposeída gigantesca que le vuelve inviable. Mientras no podamos, mediante la inclusión, aumentar a la población económicamente activa (PEA) a niveles de equilibrio, no estarán garantizadas, ni la democracia, ni la paz social. Vivirá entronizado el populismo rampante, o lo que es peor, las más primitivas ideas marxistas, de aquellas que causaron pánico y desolación en quienes las aplicaron, como la propia Rusia o la China Continental. La historia habla por sí sola.
Si pudiésemos imaginar tan solo 200 proyectos de inclusión masiva, a un promedio de 12.000 socios por cada uno de ellos, alcanzaríamos a asociar a 2.400.000 titulares, habríamos así captado hacia la propiedad a la totalidad de los ecuatorianos pobres, tomando en cuenta que el número de dependientes es de 5 miembros por familia.
Hay una larga lista de alternativas de inversión societaria en el sector petrolero. Un tercio de la población puede ser dirigido en esa dirección. Todo lo petrolero se refiere, y se prefiere al capital extranjero o estatal. En la realidad los ecuatorianos fuimos excluidos o autoexcluidos por la clase política azuzada por los intermediarios y somos de ese sector, mirones de palo. La empresa estatal petrolera dista años luz de entender estos conceptos. La primera iniciativa en esa dirección, ciertamente proviene de una empresa canadiense que ve con claridad meridiana el agotamiento del otro estilo de administración. Hay más de 150 proyectos hidroeléctricos, perfectamente inventariados, que podría tomar otro 30 % de la población, con la ventaja que se privilegia a los pobladores de cada cuenca hidrográfica, convirtiéndolos así en los custodios de sus propios recursos naturales, tales como los bosques, indispensables para la sustentabilidad hidroeléctrica.
La minería es una nueva promesa, pero solo entendida con derecho a la propiedad del pueblo ecuatoriano, el mismo que se seguirá oponiendo a cualquier forma de explotación que ignore este precepto y el medio ambiente. No puede volver a suceder en la minería, lo mismo que ocurrió con el petróleo, pan para pocos, hambre para la mayoría. Resta enumerar una larga lista de alterativas en el sector agrícola industrial. La asociación productiva del agro, en toda la cadena de valor agregado, es la alternativa. La sierra, la costa y el oriente, pueden tener enormes oportunidades con el acceso masivo a la propiedad de los procesos industriales de todo orden. La titularización de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, es la alternativa del gobierno y los municipios para la ejecución de esas obras. Si Quito hubiese ofrecido a cada quiteño que lo deseaba capitalizar el nuevo aeropuerto con una acción de US$ 1.000 dólares de pago diferido a 12 o 24 meses mediante una autorización de débito a la Empresa Eléctrica como agente de recaudación, doscientos mil quiteños habrían optado por esa propiedad. La empresa Quiport solo tenía que crear un beneficio aceptable y duradero, tal como la Sala Vip o el común de los beneficios de inversión, las utilidades. Solo hago notar que se prefirió a la banca privada y multilateral que a los “ingenuos quiteños”.
Para terminar, estas ideas toman mucho cuerpo si se las promueve como una alternativa de auxilio a la clase media, la más amenazada de desaparecer. Ciertamente que para ella nunca se ha visualizado un proyecto de masa, que no sean los enumerados. En esta materia no se ha dicho la última palabra, pongámonos mano a la obra.