Universidad, libertad y bien común

Guiuseppe Marzano
Decano del Colegio de Administración para el Desarrollo USFQ

Una entrevista polémica de Giuseppe Marzano a René Ramírez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, acerca de la nueva Ley de Educación Superior

¿Es el sistema universitario un bien público? ¿De qué forma la nueva Ley de Educación Superior contribuye a la excelencia académica? René Ramirez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, nos ofrece la visión de un sistema universitario controlado por el Estado cuyo objetivo es la transformación de la sociedad ecuatoriana, en términos económicos, productivos, culturales y sociales. Nuestras preguntas polémicas tienen el objetivo de entender dónde está la libertad de la Universidad y cuál es el rol del estudiante en este sistema.

GM: ¿Por qué la nueva ley? ¿Por qué la necesidad de una nueva ley de educación superior?

RR: Algunas razones. La primera razón es que el rol social que ha tenido que cumplir la universidad en el Ecuador, no lo ha cumplido. Segundo, estamos en un momento de cambio en el cual se ha afirmado un nuevo pacto social, que implica nuevas reglas de juego. Ese nuevo pacto social se llama Constitución. Quizá esos son los dos primeros puntos.

Con respecto al primer punto, ¿cuál es ese rol social que no ha jugado la universidad? Primero, ha sido una universidad que lo que ha buscado es ser caja de resonancia de lo que el mercado necesitaba y no ha buscado la transformación de la sociedad, no ha buscado la transformación de las estructuras sociales, económicas, productivas. Para muestra un botón que podría ser la cantidad de Administradores de Empresas que sacan las universidades ecuatorianas. De acuerdo al CONESUP el 34% de todas las personas que tienen título, tienen título de Administrador de Empresas, y de los post grados el 45% es MBA.

Pregunta, ¿la sociedad ecuatoriana necesita tantos administradores?, o ¿por qué realmente salen tantos administradores? En ese mismo marco la universidad ha reproducido las desigualdades que existen en la sociedad, no ha sido o no ha dado igualdad de oportunidades a todas las personas que quisieran estudiar en la universidad. Así mismo, con la reglamentación y constitucionalidad que hasta ahora ha funcionado, podemos señalar que el sistema de regulación de las Universidades ha fracasado. Tenemos universidades que no son de muy buena calidad, o mejor dicho para ser más duro, tenemos "universidades de garaje" en algunos casos, en otros casos tenemos universidades que son buenas, o mejor dicho son buenas algunas facultades de algunas universidades. Y dado que es necesario justamente cambiar este rol que ha cumplido la universidad, es necesario tener una nueva ley de educación superior, también pensando que el sistema en su conjunto tampoco ha funcionado; y cuando me refiero al sistema, me refiero que no ha funcionado todo el campo de educación superior: los institutos, las universidades, el CONESUP, el CONEA.

Con respecto al segundo punto, además de que la Constitución señala que es necesario tener una nueva ley (no una reforma), se debe hacer una nueva ley porque los principios de convivencia que promulga la nueva Constitución en el campo de educación superior, son diametralmente opuestos a lo que está vigente en la actual ley orgánica.

RR: Aquí si es importante señalar algunas cuestiones. El sistema de educación superior, es en sí mismo un bien público: si miramos los últimos 25 años, la universidad ha tenido una mirada únicamente individualista en la cual se ha usufructuado del bien público de la educación superior sin que hay control sobre ese bien ni beneficie al resto de la sociedad. Aquí nosotros señalamos que, al ser un bien público, esto tiene un impacto que va mucho más allá del estudiante que usted me menciona. El estudiante tiene un rol que jugar dentro de la sociedad, el conocimiento que genera, el conocimiento que produce y el nivel profesional con el que egresa, tiene un impacto social. Y no es verdad que no tenga una mirada la ley con respecto al estudiante, sino que, en este caso, la ley tiene que regular a todo el sistema, y en cada uno de los principios el centro es como mejorar la calidad de la universidad y el sistema y su impacto sobre la sociedad. Al verlo holística- mente podemos señalar que el impacto es mucho más grande en el estudiante que si le miramos individualmente. Entonces, lo que quiero decir detrás de esa pregunta, es que existe un cambio de concepción, si es que usted ve la anterior ley de educación superior, no se define la educación superior, no se define como servicio público, ni bien público, ni bien privado, se deja completamente a la ambigüedad.

Pero ¿qué hemos tenido en los últimos 20 años? Una explosión de universidades privadas, por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda una explosión en la cual el quintil más rico de la población, por decirlo así, ha sido el único que ha llegado a acceder a la universidad, o mejor dicho no solo ha logrado acceder sino transitar y titularse. Un ejemplo muy claro es que de cada cien personas que salen de la universidad con título, 75 pertenecen al 20% más rico de la población. Al ser la educación un bien público es necesario pensarla más allá del usufructo que obtiene cada alumno.

GM: Aquí hay un punto interesante acerca de las universidades privadas. ¿Por qué el estado no se dedica a mejorar la calidad de las universidades públicas, en vez de querer, a través de esta ley de educación superior, también preocuparse de la universidad privada?

RR: Una vez más, no hay que hacer una diferenciación con respecto a lo público y lo particular, ¿por qué?, porque la universidad, y el sistema de educación superior, en sí mismo es un bien público.

Si es que yo título en una universidad privada profesionales o médicos que no han hecho, por ejemplo, prácticas médicas en hospitales, al final va a tener un impacto social esa persona que salió titulada, así sea en una universidad privada o pública. Entonces no se puede ver a la universidad como una mercancía.

Nosotros para nada nos oponemos a la universidad particular, más bien creemos que es sano tener universidades privadas por una cuestión de competencia sana en términos de generación de conocimiento; no obstante, sí creemos que donde más problemas e irregularidades ha habido en el campo de la educación superior no es en las universidades públicas, eso es una mentira. Sabemos que la universidad pública tiene grandes problemas, pero sabemos que peores problemas tienen las particulares. Acordémonos que existen 29 públicas y el restante, hasta llegar a 70, son privadas. El más claro ejemplo es la Universidad Cooperativa de Colombia o la Universidad Jefferson, por no decir algunas otras. Y en ese ranking, hecho por el CONESUP, así tenga algunos problemas metodológicos, podemos observar objetivamente que las universidades públicas están más arriba que las particulares.

Nosotros creemos que el Estado, como sucede además en la mayoría de países, tiene que regular tanto al campo público como al privado, porque la universidad es un bien público, porque el sistema de educación superior es un bien público.

GM: Leyendo el nuevo proyecto de ley, se ve una universidad privada cuyos programas, cuya enseñanza, cuya investigación se tiene que alinear al plan de desarrollo nacional. Tomamos el caso de la Universidad San Francisco, nosotros tenemos un profesor de física, Bruce Hoeneisen, el profesor está en un grupo de científicos que ha descubierto…

RR: …. ¿El equipo del Premio Nobel del quark, no?

GM: Correcto, ha descubierto el quark mínimo. Probamente si la investigación de Bruce, tuviese que alinearse al programa de desarrollo nacional, como el Ecuador en este momento, no requiere el descubrimiento del quark, la investigación de Bruce se vería frustrada. ¿Por qué la universidad privada tiene que alinearse a la prioridad del plan de desarrollo nacional?

RR: Para nada, no, ahí creo que no se ha leído bien el proyecto. El punto es, primero que no se hace investigación, empezando por la universidad San Francisco, si es que vemos el número de investigaciones que tiene, prácticamente sube el ranking por el propio Bruce Hoeneisen. Ecuador no es un país que investiga, las universidades no son universidades que investigan. Segundo, vale la pena señalar aquí que para nada se dice en la ley que las universidades tienen que alinearse al plan, las universidades públicas o particulares. Se señala que es necesario que exista una articulación, y el estado tiene todo el derecho de decir: "estas investigaciones son las prioritarias para la nueva estrategia de desarrollo, para el nuevo sistema de desarrollo que queremos o el régimen de desarrollo que queremos impulsar". Y aquí vale la pena señalar a que me refiero con esto. Nosotros no vamos a decir que se haga en las Universidades privadas tal o cual investigación. Esto es parte de la libertad de cátedra, parte de la libertad de cada uno y de la autonomía de las universidades que se garantiza estrictamente. Pero si podemos señalar que existen líneas de investigación que el estado está interesado en auspiciar. ¿Qué es lo que pasaba antes en el campo de las investigaciones? Tenemos, por ejemplo 30 millones de dólares, y se planteaba "díganos ustedes investigadores que quieren investigar". La mayoría de veces se hacían investigaciones de cualquier tópico, de mínimo alcance y con cero impacto social, que se quedaban muchas veces en la relación, entre el que investigó y el SENACYT, que ni siquiera se difundían dentro de las redes de investigación del campo universitario.

¿Qué es lo que está haciendo este momento el Gobierno? El gobierno, en un país que es pobre, necesita definir qué prioridades de investigación necesitamos, e invitar a concursar a los mejores para que presenten proyectos, en función de estas líneas de investigación. Ídem para el campo de las carreras. En este momento nosotros tenemos un problema energético y sabemos que tenemos volcanes, ¿qué universidad está haciendo investigaciones en el campo de la geotérmica?, por ejemplo.

Entonces nosotros desde el estado podemos decir "esto necesitamos investigar, necesitamos profesionales". ¿Quién está dando esta oferta? Y no se ha dado porque lo que ha buscado la universidad ecuatoriana es justamente minimizar costos y maximizar utilidad, en términos generales, incluido la universidad pública. La Central titula el 23% de sus graduados en Administración de Empresas, que es una carrera de muy bajos costos. Ciertas escuelas politécnicas sacan muy pocos graduados, en temas de interés para la sociedad como las ciencias básicas. Menos del 5% se gradúan en ciencias básicas. El estado puede estimular a través de incentivos, incentivos monetarios, incentivos de infraestructura, laboratorios, etc., para que estas carreras e investigaciones se auspicien, ya sea en el sector público como en el sector privado.

GM: ¿Va a sancionar o cerrar universidades que no lo hagan?

RR: No para nada, para nada. No tiene por qué, no tiene por qué, eso sería meterse en la autonomía. Lo que, si es necesario sancionar y depurar, es si es que las universidades o las carreras no cumplen los requisitos y estándares mínimos que tiene que cumplir cualquier universidad. Si es que no se cumplen esos requisitos habrá que sancionar.

GM: Hablamos de la autonomía universitaria, hay un concepto interesante en la nueva ley, como el cogobierno. En las universidades públicas lo entiendo, pero ¿por qué también elecciones de todo en las universidades privadas? ¿por qué, yo como decano, tengo que empezar a hacer campaña electoral?

RR: Hay dos cuestiones. Primero para empezar, el tema de cogobierno es una cuestión que está consagrada en los principios constitucionales y no dice únicamente para las públicas. Según la constitución, no podemos separar a la universidad pública de la privada. Un segundo punto: nosotros consideramos que la contraparte de la autonomía es el cogobierno, y ¿a qué nos referimos con la contraparte? La persona que defiende la autonomía tiene que defender el tema del cogobierno. ¿Qué implica un autogobierno? Yo me autogobierno porque soy autónomo. En el campo de las universidades ese autogobierno se llama cogobierno. Se necesita una instancia en la que cada Universidad se gobierna como institución. Nosotros no decimos, para el campo de las universidades privadas, que es completamente abierto en términos de elección. Señalamos que se puede dar a través de mecanismos impuestos en los estatutos de la propia universidad y que, por ejemplo, estén de acuerdo a la perspectiva de los promotores. Creemos que el cogobierno es un principio que tiene que enseñar la universidad como principio social. Es parte de la democracia, democracia en el sentido de alternancia. Es sano en una universidad, tener diversidad de pensamiento. Es bueno alternar decanos que tengan perspectivas diferentes, porque algo que tiene que garantizar la universidad es el pluralismo de pensamiento, tanto en la pública como en la particular.

En las universidades de EEUU, tú puedes encontrar a un Premio Nobel, llamémoslo así, liberal y un Premio Nobel republicano o socialista o de izquierda, y eso se puede garantizar a través de procesos democráticos. Entonces, el tema del cogobierno, primero es un principio constitucional y segundo es un principio que busca enseñar desde un espacio que se llama universidad ciertos valores que este momento en muchos de los casos se han perdido en el campo universitario. Tenemos que evitar que pase lo que ha pasado en las universidades públicas, una politización que ha llevado justamente a diluir lo que tiene que ser lo más importante, el debate de ideas.

GM: Pero después de la experiencia de las universidades públicas donde el tema se ha politizado y donde hay campañas electorales para ser elegidos, ¿Por qué yo tengo que ponerme a tratar de convencer a mis profesor a votarme, a votar una propuesta, por qué tengo que polarizar mi facultad?

RR: No es polarizar, es a mi modo de ver debatir sobre propuestas pedagógicas de contenido, sobre cómo se llevaría en este caso la facultad. Uno puede decir, por ejemplo, en el campo económico, "a mí me interesa tener una perspectiva en la cual mi énfasis es que salgan mucho más economistas con perspectiva micro-económica". Está muy bien. Puede venir otra persona que diga "no, yo quizás quiero una facultad que dé énfasis en un tema macroeconómico" y puede venir otra persona que diga "bueno yo quisiera una facultad que más se dedique al tema de la economía política", y se debaten entre estas propuestas y se discute y se genera un espacio de discusión para la deliberación, para obtener la mejor propuesta. Entonces, a mi modo de ver, creo que es sano el cogobierno y el tema de las elecciones puede ser muy sano en el sentido de abrir un debate pluralista, inclusive en las universidades particulares.

GM: Otro tema de manejo de la universidad. Según la ley, si necesitamos contratar a un profesor, tiene que ser por un concurso público, donde participan alrededor de esa mesa también colegas de otras universidades. La propuesta me sorprendió, porque vengo de un mundo, Italia, donde mi PhD no sirve de nada, porque no hice mi carrera a lado de un profesor que, frente a un concurso público, haya convencido a los demás profesores de otras universidades que este año me toca a mí y el próximo año le toca a un apadrinado de ellos. Ese es el sistema que yo he vivido y que conozco en Italia. Lo veo en esta ley y me asusto y me pregunto, ¿por qué no puedo contratar simplemente, tal vez con criterios estrictos, pero por qué tengo que involucrar a colegas de otras universidades que comparten visiones de la universidad diferentes, y a veces incluso por una cuestión, llamémosla de competencia, o de celos, pero me pueden decir no a fulano y si a sultana?

RR: Hay que entender esta ley en función de lo que pasa aquí en el Ecuador, y sin querer con esto señalar nada con respecto al ejemplo que tú mencionas. El campo universitario ecuatoriano es un campo muy endogámico, y por otra parte es muy poco meritocrático. Aun cuando el campo de la educación superior debería ser un espacio en el cual debe tener primacía la meritocracia, en realidad tiene primacía el tema de la red. En función de si te conozco o no te conozco, te contrato o no te contrato. Debemos acordarnos de una cuestión que a veces no se toma en cuenta, de los 27 mil profesores que hay, de acuerdo a los datos del CONESUP, casi 17 mil enseñan en las universidades teniendo un título de licenciado. Esto es complicado porque nosotros sabemos que, necesariamente para subir el nivel, deberíamos auspiciar que el profesor esté al menos más arriba de lo que estaría enseñando.

Creemos que también puede ser sano que se sometan a un concurso público las cátedras a través de un sistema que yo llamaría "el velo de la ignorancia". Se genera así un mecanismo de selección en el cual el nombre no tenga nada que ver, en la cual yo no conozca quien son los que están participando, concursos anónimos, justamente para decir "el que entra tiene que cumplir estos requisitos y además es el que mejor ha sacado puntaje de acuerdo a la metodología procedimental para seleccionar al profesor". Se trata de evitar esas prácticas que se hicieron bastantes perversas en el campo de la educación superior, de contratar y promover a través del parentesco, a través de la amistad y no cumpliendo muchas veces ni siquiera los requisitos que se deben cumplir para ser profesores en el campo universitario, se les asignan las cátedras y ya. Estoy señalando miles de profesores y ¿cómo se seleccionaban a estas personas? Generalmente existen procesos, por decir lo menos, leves.

GM: Pero, vuelvo a la pregunta, ¿el problema son los criterios que tiene que cumplir un profesor universitario, o es el procedimiento de selección? porque una cosa es el criterio, es decir quiero que tenga un doctorado, otra la manera como se selecciona sobre todo en las privadas.

RR: Las dos cosas, a nuestro modo de ver es necesario que cumplan ciertos criterios y también que existan procedimientos justamente para evitar este tema de la "dedocracia". Ojo que estamos diciendo que haya procedimientos para ciertas cátedras. Esto no significa que yo no tenga espacios para contratar a cualquier persona bajo otras modalidades. Estamos hablando de los titulares, hay otros profesores que serán invitados, hay otros profesores que serán honorarios, hay otros profesores que tendrán otro tipo de categoría, que pueden ser directamente contactados. Son procedimientos para los profesores titulares que tendrán que tener las universidades. Porque, además, el otro problema que ha tenido la universidad, es la precarización: casi todos los profesores son con contratos no a tiempo completo, son bajísimos los tiempos completos que se tienen en la universidad y eso va en detrimento de la calidad.

GM: Yo he trabajado como auditor del CONEA, verificador en este proceso y de 8 universidades, por lo menos la mitad no tenían ningún profesor de planta.

RR: Es impresionante.

GM: ¿Cómo va a mejorar con la nueva ley?

RR: La nueva ley, lo que señala, es que tienen que cumplir cierto porcentaje de aquí a 10 años de profesores con título de doctorado y de profesores a tiempo completo, y para eso las universidades tienen que presentar un plan de cómo van a llegar, en ese periodo, a cumplir estos requisitos. Si nosotros no tenemos ni un buen porcentaje de estudiantes a tiempo completo, ni un buen porcentaje de profesores a tiempo completo, la calidad de la educación superior tendrá siempre sus limitaciones.

GM: ¿CONEA, CONESUP, van a seguir existiendo? ¿Cómo va a ser el proceso de garantía de la calidad académica acá en el Ecuador?

RR: Quizás uno de los puntos que nosotros más criticamos al actual sistema, es el tema de cómo se manejó la regulación del campo, y eso es importante señalar porque, a mi modo de ver, se perdió una oportunidad histórica, que las Universidades demuestren que son capaces, de autorregularse. Lo que pasó aquí es que el CONEA y el CONESUP estaban conformados por persona que eran al mismo tiempo juez y parte. Eso llevó, por ejemplo, a una proliferación y podemos decirlo a una indulgencia con las universidades de las propias instituciones que regulaban al campo. El primer punto de la ley, es separar a los rectores de la toma de decisiones sobre las regulaciones. Podrían seguir siendo parte de esas instituciones públicas, siempre y cuando renuncien a ser rectores, porque ahí ya existe un conflicto de interés, tanto en el CONEA como en el CONESUP. Segundo, a las autoridades de CONEA y CONESUP se les pedirá que participen en un concurso público y tendrán que cumplir con ciertos requisitos de altísimo nivel, que tienen que ver con el campo de la educación superior.

Tercero, como es de conocimiento público, el presidente Rafael Correa es presidente de la UNASUR, nosotros como SENPLADES, somos presidentes de la comisión de ciencia, tecnología y educación y cultura y educación superior y también se va auspiciar la creación de un consejo o una agencia de acreditación y de aseguramiento de la calidad a nivel regional. Entonces se debe enfrentar la cuestión de quien evalúa a los evaluadores, y también habrá una instancia que permita la regulación en el sentido de irnos más hacia una convergencia de la calidad a nivel Sudamérica. Más, otro tipo de cuestiones, como el tema de los exámenes para evaluar las carreras, de los exámenes de habilitación y de los otros criterios que el CONEA pueda establecer dentro de sus propuestas metodológicas para garantizar la calidad.

GM: Usted me está presentado una visión del aristócrata del mundo universitario, donde uso la palabra aristócrata del griego “aristos", los mejores, nosotros queremos mejorar al país a través de la mejor educación universitaria posible y eso me parece una visión sumamente noble, mi problema es, ¿son los mejores que van a surgir o los más politizados? ¿Cómo garantizo que eso no pase?

RR: Tienen que sobresalir los mejores, pero en igualdad de oportunidades. Podríamos resumir en términos generales la perspectiva de la ley, una vez más: primero no existe en este momento en la universidad una igualdad de oportunidades para todos los que quieran estudiar, en términos de acceso. Hay que crear esa igualación de oportunidades a través, principalmente de un sistema de nivelación y de mejora de la educación básica. Lo que tiene que reinar es la meritocracia y, a nuestro modo de ver la principal forma es a través de la mejora constante de las universidades, de las carreras, de los profesores, de los estudiantes. La principal forma de lograr esto es sistemáticamente evaluar todos los campos de la educación y eso la ley lo propone en cada instante. Si es que nosotros vemos la ley actual del CONESUP, propuesta con el MPD y con ciertas universidades también particulares, es una de las leyes más ambiguas que yo he podido conocer, donde se satisface a los profesores, se satisface al MPD, se satisface a los estudiantes, se satisfacen a las universidades particulares, pero no se mejora la calidad de la educación.

GM: Mi última pregunta ¿cuál es su sueño, su visión de la universidad ecuatoriana?

RR: Mi visión de la universidad ecuatoriana. Primero una universidad que, de oportunidades a todos, segundo que sea de alta calidad, tercero que permita diálogo de saber, cuarto que sea una universidad que permita sobre todo la transformación de la sociedad ecuatoriana, en términos económicos, productivos, culturales y sociales, y que esté en la vanguardia de hacia dónde tenemos que ir.

GM: Muchísimas gracias.