Los desafíos de la cobertura del crimen organizado en el periodismo ecuatoriano

1. Contexto actual

Hablar del crimen organizado resulta complicado y muy amplio, por la cantidad de delitos que abarca: narcotráfico, tráfico de personas, de armas, de precursores químicos, lavado de dinero, terrorismo, entre otros. La prensa del Ecuador prioriza el narcotráfico y sus efectos colaterales (consumo por parte de menores, operativos policiales, detenciones, producción, incautación, sicariato, entre otros). Esto es de fácil constatación, ya que hay espacios para noticias judiciales y de crónica roja, especialmente en medios impresos, televisivos y, en los últimos años, en los digitales.

La frontera Colombia - Ecuador. Ipiales, Nariño.  Créditos: Tomada el 9 de marzo de 2015 por Kevin Dooley vía Flickr:  https://flic.kr/p/rWWCxH Sin modificaciones.

La frontera Colombia - Ecuador. Ipiales, Nariño. Créditos: Tomada el 9 de marzo de 2015 por Kevin Dooley vía Flickr: https://flic.kr/p/rWWCxH Sin modificaciones.

¿Cuál es el panorama actual y, en consecuencia, qué conocen o debieran conocer los periodistas? Primero hay que ubicar al país dentro de un contexto regional: Ecuador limita geográficamente con Colombia y Perú, por lo que está expuesto a la actividad del narcotráfico (negocio de carácter transfronterizo y mundial). La primera nación es la mayor productora mundial de cocaína y, la segunda, también mantiene una producción considerable.

Farah y Simpson (2010) señalan que Ecuador tiene una frontera porosa y de difícil protección con sus dos vecinos y que su decisión de dolarizarse son factores que, con los problemas internos de Colombia y la expansión de la influencia de los carteles mexicanos de la droga en los últimos años, han convertido al Ecuador en un centro de crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales, lo cual es una amenaza significativa no solo para Ecuador, sino para toda América Latina y Estados Unidos.

Tres años más tarde, el informe de Ameripol señaló que Ecuador estaba catalogado como un lugar clave para “el acopio, almacenamiento y distribución de drogas ilícitas hacia ámbitos nacionales e internacionales” (Ameripol, 2013, p. 76).

Este mapa evidencia los problemas internos del Ecuador por la presencia del narcotráfico. 
Cortesía Mario Pazmiño.

Este mapa evidencia los problemas internos del Ecuador por la presencia del narcotráfico.
Cortesía Mario Pazmiño.

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas de 2018, la producción de cocaína creció, alcanzando un nivel jamás antes registrado: la estimación es de 1.410 toneladas, esto luego de que entre 2005 y 2013 hubo una disminución en su producción y un crecimiento del 56 % entre el 2013-2016 (UNODC, 2018a). El mismo documento señala:

[L]a mayor parte de la cocaína del mundo procede de Colombia, donde en 2016 se incrementó la fabricación a unas 866 t, lo que supuso un aumento de más de un tercio con respecto a 2015. Casi el 69% de las 213.000 ha que en 2016 se dedicaron al cultivo de coca en todo el mundo se encontraban en Colombia. [...]
[Esto] obedeció a varios motivos relacionados con la dinámica de mercado, las estrategias de las organizaciones de narcotraficantes y las expectativas de algunas comunidades de recibir indemnizaciones por la sustitución de los cultivos de arbusto de coca, así como a la reducción de las intervenciones de desarrollo alternativo y de la erradicación. En 2006 se erradicaron más de 213.000 ha. Diez años más tarde, esa cifra no llegó a 18.000 ha.
El resultado ha sido una menor percepción de los riesgos del cultivo de coca y un espectacular aumento de la fabricación. En Colombia se ha producido un enorme aumento del número de laboratorios de cocaína desmantelados y de la cantidad de cocaína incautada. (UNODC, 2018a, p. 3)

En el Perú, la situación es similar, es decir, las estimaciones de crecimiento de la producción en 2017, con relación a 2016, es del 14 % y en hectáreas esto significa que pasó de 43.900 a 49.900 (UNODC, 2018b).

En septiembre de 2016, se firmó la paz entre el Gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC, para poner fin a una guerra interna de 60 años. Sin embargo, esto no garantizó que todos los integrantes de este grupo —catalogado como terrorista por Gobiernos como el de Estados Unidos y la misma Unión Europea— se desmovilicen. Quienes quedaron en armas aún se dedican al negocio del narcotráfico, y ahora están agrupados en una serie de organizaciones delictivas.  Hay que aclarar que las autoridades colombianas, desde la década de 1990, consideraron que la guerrilla de las FARC tenía relación con el narcotráfico. Y autores como Patrón y Rojas (2012, p. 4) señalan que con la caída de la Unión Soviética se quedaron sin dinero y abandonaron sus ideales, poniéndose al servicio del narcotráfico para financiarse.

En Colombia funcionan al menos once grupos armados según el Cenain. Cortesía Mario Pazmiño.

En Colombia funcionan al menos once grupos armados según el Cenain. Cortesía Mario Pazmiño.

De acuerdo con Mario Pazmiño, presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional (Cenain), en Colombia funcionan al menos once grupos armados, de los cuales cinco se encuentran en la frontera con Ecuador: Oliver Sinisterra, Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico, ELN y disidencias de las FARC (de los frentes 2, 29, 32 y 48).

A ese escenario hay que añadirle la realidad política del Ecuador en el decenio 2007-2017. En un rápido recorrido por la política de seguridad, internacional y de defensa, se pueden señalar seis hitos que marcaron aquellos años:

  1. En 2009 dejó de funcionar el puesto de avanzada de los Estados Unidos en Manta (Base de Manta). No solo el convenio llegaba a su fin (se firmó en 1999, cuando Estados Unidos y Colombia tenían ya listo el Plan Colombia),1 sino que el expresidente Rafael Correa, en su campaña presidencial de 2006, ofreció la no renovación del convenio. Cumplió su promesa y contó con el apoyo de la Asamblea Constituyente (2008), que prohibió este tipo de acuerdos internacionales y encendió el debate sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por el personal extranjero que operaba en la base.
  2. En 2009 también se dio inicio a la reforma al sistema de inteligencia, ordenada por el expresidente Correa, luego del bombardeo colombiano a Angostura, en donde falleció Raúl Reyes, el número dos de las FARC. Esto se dio después de dos operativos antinarcóticos, Huracán Verde y Huracán de la Frontera, que demostraron los vínculos de funcionarios de Estado de la administración de Correa con esa guerrilla.
  3. En ese mismo año, 2009, el Gobierno decidió comprar a la empresa china CETC Internacional nuevos radares para control aéreo del país. Estos nunca funcionaron, incluso hubo falta de compatibilidad con las aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El contrato se canceló en 2013. Se procedió a una nueva compra en 2016, a la empresa española Indra, y el control aéreo vía radares funcionó parcialmente a partir de abril de 2018.
  4. Los intentos de politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante esa administración, no solo por el manejo de personal civil no preparado, sino por incluir el debate de clase al interior de estas instituciones.2 Esto vino de la mano de las reformas legales alrededor de la Fuerza Pública, compiladas en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, emitido en 2017, y en el cual, entre otras reformas, se creaba un cuerpo especial para seguridad de autoridades. Este cuerpo legal fue remitido a reforma a fines de 2018, con la intención de aglutinar y dar un solo sentido a las leyes relacionadas con defensa, inteligencia estratégica, seguridad y prevención de riesgos.
  5. El crecimiento del microtráfico y de las incautaciones de droga. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales, el consumo de tranquilizantes, estimulantes (“quita sueño”, anfetaminas, etc.), marihuana, hachís, base (“maduro con queso” o “bazuco”), cocaína, inhalantes, alucinógenos (LSD, floripondio, ayahuasca, San Pedro, etc.) o heroína, rondaba los doce años de edad, en 2016. Acerca de las incautaciones de droga, para el 2017 ya se incautaron 86,6 toneladas, según la Policía. Hay que agregar que para el 2012 ya se destruyeron doce laboratorios de procesamiento de droga y se había aprobado la legislación que permitía el porte de droga, además se había liberado a las denominadas mulas del narcotráfico, por decisiones gubernamentales.
  6. Una vez que se firmó la paz entre Colombia y las FARC, de acuerdo con el documento suscrito (Acuerdo de Paz, 2016), se crearon veredales (sitios donde se concentrarían los combatientes), bajo el control de las FARC, y en donde también están las zonas de producción de drogas y atraviesan parte de los corredores para el tráfico de dinero, droga, armas, entre otros. Algunos de esos veredales están en Nariño y Putumayo, que quedan en la zona fronteriza con Ecuador, concretamente frente a Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Ante esta realidad, el Gobierno no tomó ningún tipo de medida de seguridad y política (Pazmiño, 2019).

En los dos últimos años, en cambio, las cifras de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional son: incautaciones de drogas durante el primer trimestre de 2018 y 2019, 17 y 23 toneladas, respectivamente. Las incautaciones de drogas se producen en casi todas las provincias con salida al Pacífico, además hay aviones (sobre todo vinculados a los carteles mexicanos) y diverso tipo de transporte terrestre detenido con estupefacientes, de acuerdo con la información de la Policía. En los primeros cuatro meses de 2018 se dieron atentados con bombas en el país, adjudicados por el frente Oliver Sinisterra, dedicado al narcotráfico e integrado por excombatientes de las FARC: 27 de enero, ataque cuartel policial en San Lorenzo; 16 de marzo, al retén naval; 18 de marzo, a patrullero en San Lorenzo; 20 y 25 de marzo, ataque con explosivos en Mataje; 4 de abril, colocación de explosivos en puente el Biche; 28 de abril, en Santo Domingo.

2. Metodología

Una vez establecida esta realidad, la pregunta que surge es: ¿cómo se ha realizado la cobertura de este tipo de informaciones en los medios de comunicación del Ecuador? Para ello, metodológicamente, se hace un análisis de agenda “setting”, mediante la teoría del Indexing (Aruguete y Zunino, 2013), con base en una muestra aleatoria de tres medios de comunicación.

Los medios de comunicación escogidos son El Comercio, Plan V y Ecuavisa. Las fechas corresponden tanto a los años 2018 y 2019, tomando como punto de referencia el antes y el después del asesinato de los periodistas del diario capitalino, ocurrida el 7 de abril de 2018, con miras a establecer si se produjo algún cambio en la forma de abordar este tipo de informaciones. De El Comercio se escogieron doce notas, de Plan V, seis y de Ecuavisa doce informaciones, lo que da un total de treinta informaciones.

El trabajo de Aruguete y Zunino (2013) plantea el Indexing, como lo concibe Bennet (1990), en el sentido de que se trata del estudio de la relación que se establece entre las fuentes de información y los medios de comunicación:

Tal estructuración de temas y fuentes, señala el autor, suele ser elaborada en función de la visión dominante de los gobiernos acerca de un asunto determinado (Bennett, 1996; Bennett et ál., 2004). Así, la industria noticiosa cede a las instituciones oficiales el rol de vigilarse a sí mismas, vulnerando el equilibrio democrático (Bennett, 1990).
Al ceder el monopolio noticioso a los funcionarios públicos —producto de las relaciones “transaccionales” y “simbióticas” que forjan con ellos—, los medios restringen la diversidad de ideas (Bagdikian, 1985). Aun en aquellas ocasiones en las que se abre el espectro y se introducen nuevas perspectivas, estas desviaciones respecto de la postura oficial no adquieren mayor importancia (Crouse, 1973; Gitlin, 1980; Tuchman, 1972), pues al ser incluidas ocasionalmente —mediante coberturas superficiales, con un tratamiento personalizado, dramatizado y fragmentado— en reportes sobre infracciones, situaciones de violencia o comportamientos desacreditados, rápidamente se desvanecen y quedan fuera de la agenda (Bennett, 1991). Esta limitación del registro de voces no surge de una censura declarada sino de las propias rutinas periodísticas, donde se decide el ámbito de las fuentes informativas positivas, legítimas y creíbles. (Aruguete y Zunino, 2013, p. 18)

Vale agregar que Aruguete y Zunino (2013, p. 17), basados en McQuail (1998), señalan que las fuentes de información3 son actores de diferente tipo y que el acceso a los medios de comunicación depende de su cercanía o alejamiento al poder, dado que se les dará una mayor credibilidad. En consecuencia, señalan ambos autores, con base en lo que dice VanSlyke Turk (1986), los datos que ellos provean serán transmitidos lo más exactamente posible, ya que muestran autoridad y, por tanto, verosimilitud.

Cabe señalar que de manera previa se realizó un análisis de contenido, para mirar las categorías que normalmente se utilizan en este tipo de informaciones: qué géneros periodísticos se encuentran y cuáles son las fuentes primarias de información con las que trabajan. Con la información obtenida se busca, finalmente, establecer recomendaciones en la forma de cobertura de este tipo de información.

En la tabla 1 se presenta la matriz utilizada para el procesamiento de datos:

Tabla 1. Matriz para procesamiento de datos


Fecha de publicación

Título
de la nota

Género periodístico

Categorías recurrentes

Fuentes periodísticas consultadas

 

 

Noticia, informe, reportaje

Narcotráfico, justicia, Policía, DNA, FFAA, miedo, guerra, México, Colombia

Incluye la descripción de las mismas

Fuente y elaboración propias.

3. El tipo de cobertura: análisis de agenda “setting” en El Comercio, Plan V y Ecuavisa

El análisis de contenido aplicado a las treinta informaciones de los tres medios de comunicación muestra que las piezas informativas tratan sobre los logros de la Fuerza Pública (especialmente de la Policía Nacional, por intermedio de la Dirección Nacional Antinarcóticos, DNA) en la interceptación de droga, es decir incautaciones, ya que el 83,3 % es sobre esto.

Otro aspecto que se menciona recurrentemente es el tipo de transporte en el que se moviliza la droga (sumergibles, productos de exportación, lanchas go fast, avionetas). La estadística muestra el 40 % de notas en las cuales hay estos datos. Un tercer elemento destacable es que en el 20 % de las informaciones se habla de las conexiones que tiene el país con los carteles mexicanos y colombianos, o simplemente extranjeros. En ninguna de las notas se habla de ningún tipo de organización ecuatoriana directamente vinculada a esta actividad irregular; las menciones a ecuatorianos son por capturas de ciudadanos traficando, por una mayor presencia de avionetas que salen desde pistas ilegales de Ecuador, del uso de la mayoría de puertos para sacar el alcaloide y sobre la presencia de carteles extranjeros en el país. En las informaciones de televisión se menciona con mayor frecuencia que se desarticularon bandas, pero no se entra en más detalles.

Respecto a géneros periodísticos utilizados destacan las noticias (95 %), mientras que el resto son informes.

El análisis de indexing, que nos llevará a la agenda “setting”, en cambio, arroja los siguientes resultados: en el gráfico 1 se muestra las fuentes más consultadas por los tres medios. Como se puede apreciar, las fuentes principales son las vinculadas al proceso investigativo, como son la Policía, con sus respectivas unidades involucradas en estas investigaciones: Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), inteligencia policial, entre otras. La Fiscalía, encargada de llevar la parte acusatoria en un proceso penal, es la otra fuente altamente consultada. Le sigue el Ministerio de Defensa, que incluye a las tres ramas de Fuerzas Armadas o a los comandos unificados que se integran para la seguridad de diferentes zonas del país, además del sistema de inteligencia que poseen. El Ministerio del Interior o de Gobierno también es consultado, no solo por las declaraciones políticas, sino porque es el representante político de la Policía Nacional.

 

Gráfico 1. Fuentes oficiales consultadas
Fuentes: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía, Policía. Elaboración propia.

En el gráfico 2, en cambio, se puede apreciar que las fuentes internacionales son poco utilizadas. Es decir, información proveniente de Estados Unidos (sea por intermedio de la DEA, Departamento de Justicia, Fiscalía, entre otras), México (Procuraduría, Fuerzas Armadas, etc.), Colombia (Fiscalía, Policía, Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo) y Naciones Unidas (por medio de sus distintos estudios y la misma UNODC) son poco utilizados o referenciados para hacer notas con contexto, que permitan entender la complejidad del fenómeno del narcotráfico.

Gráfico 2. Fuentes internacionales utilizadas
Fuente y elaboración propias.

En el gráfico 3 se muestra el número de veces que es consultado un juez de un proceso y las veces que la población está directamente afectada por este delito. Resalta que los abogados defensores de los acusados prácticamente pasan desapercibidos, ya que existe solo un registro de haber mantenido conversaciones con ellos.

Gráfico 3. Número de veces que se consultan
Elaboración propia.

Otras fuentes que aparecen consultadas, pero solo una vez, son Contraloría, Cancillería y la legislación sobre materia de narcotráfico.

De la muestra estudiada no se aprecia ningún tipo de cambio en la forma de contar las informaciones alrededor del narcotráfico, luego del asesinato de los tres periodistas de El Comercio. Esto significa que la base de las notas es la información oficial, sin que medie ningún otro tipo de criterio, ni siquiera contrastación con la parte acusada, por intermedio de sus abogados o se recoja información o investigaciones más amplias que se desarrollan a escala internacional.

Como ejemplo se puede citar la información de El Comercio, del 28 de marzo de 2018 (días antes de la ejecución), en la nota titulada “8 bases ilegales fueron halladas desde el 2017 en Sucumbíos”, en la cual se cuenta sobre los hallazgos de estos campamentos irregulares en esa provincia fronteriza. Tanto las descripciones de los lugares (carpas, propaganda, tipo de construcción, etc.) como las fuentes que dan declaraciones o explicaciones son militares, concretamente el comandante del Ejército.

Noticia El Comercio “8 bases ilegales fueron halladas desde el 2017”, emitida el  28 de marzo de 2018.

Noticia El Comercio “8 bases ilegales fueron halladas desde el 2017”, emitida el  28 de marzo de 2018.

Ecuavisa, para el 1 de mayo de 2019, publica la nota titulada “Narcos almacenan droga bajo tierra cerca de pistas aéreas”, en la cual se presenta la información como parte de una investigación del medio. Sin embargo, únicamente se basa en información de la Policía y la Fiscalía. La información habla sobre los centros de acopio identificados por la Policía, mientras que los paquetes ocultos cerca de las pistas es un dato de la fiscal que lleva el caso.

Noticia Ecuavisa “Narcos almacenan droga bajo tierra cerca de pistas aéreas”, emitida el 1 de mayo de 2019.

Noticia Ecuavisa “Narcos almacenan droga bajo tierra cerca de pistas aéreas”, emitida el 1 de mayo de 2019.

Se puede mencionar que la información que marca la diferencia es la publicada por Plan V y que es una información que se reprodujo y que provino de Colombia, del portal www.lasillavacia.com, bajo el título “Las cadenas del narcotráfico de las disidencias del sur”, que es la que presenta una diversidad de visiones, ya que no se queda únicamente con las fuentes de la investigación del delito (Fiscalía y Fuerza Pública, con sus diferentes estamentos, lo que incluye el sistema de inteligencia), sino que habla con la Defensoría del Pueblo, los pobladores. Se basa en información de Naciones Unidas, entre otras.

Noticia Plan V “Las cadenas del narcotráfico de las disidencias del sur”, publicada el 28 de marzo de 2018.

Noticia Plan V “Las cadenas del narcotráfico de las disidencias del sur”, publicada el 28 de marzo de 2018.

También se destaca que en tres informaciones de El Comercio hay una breve descripción de algunos pobladores de frontera, pero como un elemento complementario a la información que reproduce de la Fuerza Pública y la Fiscalía.

4. Conclusiones

Las sugerencias o las medidas para lograr una cobertura adecuada y sin riesgo de este tipo de información están ampliamente documentadas sobre la base de las experiencias dolorosas y complejas de otros países. Quienes más han trabajado en estos temas en América Latina son Colombia y México, donde el fenómeno del narcotráfico ha llegado a niveles muy altos de violencia. Otros países en la región con experiencia son Perú y Brasil (este último, especialmente por la triple frontera, considerada uno de los lugares clave del crimen organizado).

El Comité para la Protección de Periodistas (CPP), por ejemplo, señala que este tipo de coberturas deben estar muy bien planificadas, no solo en lo que implica la seguridad personal, sino en el contenido del material que se quiere publicar (Comité para la Protección de Periodistas, 2010).

Esta planificación, en términos de contenido periodístico, implica una revisión a fondo de todo tipo de material existente: procesos judiciales, documentos públicos, conversación con gente experimentada en el tema, fuentes de confianza y bien informadas. Además, establecer claramente qué es lo que se quiere contar, el tipo de género periodístico por el cual se apostará, el número de entregas, el tipo de cobertura (periodistas de la zona o ingreso de otros de ciudades más grandes).

El CPP incluso propone identificar y evaluar a los sospechosos más peligrosos, así como los aspectos más sensibles de la investigación, a fin de evitar preguntas que pudieran incrementar el riesgo de los periodistas o comprometer las investigaciones de la función judicial (Comité para la Protección de Periodistas, 2010).

En cursos sobre cobertura de narcotráfico de la Fundación de Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez se hace hincapié que parte de la planificación implica no revelar estructuras del narcotráfico (nombres y apellidos) ni rutas hasta que las autoridades judiciales lo hagan, no solo porque se puede poner en riesgo las investigaciones oficiales, sino por el riesgo que implica para el periodista dar a conocer una información considerada sensible por los grupos delincuenciales (Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, 2012 y 2013).

Este tipo de cobertura lo que requiere es más periodismo: contrastación, verificación de información, conocer contextos más amplios, poner la información dentro de un escenario específico, enlazar casos, verificar procesos judiciales, entre otros.
Lo que revelan los datos obtenidos en este estudio es que los medios de comunicación, luego de la muerte de los tres periodistas, más bien se han centrado en hacer noticias y pasar el peso del manejo del contenido sobre esta realidad del país a las autoridades, especialmente a la Policía Nacional y a la Fiscalía. Esto ha provocado que haya información solo cuando las autoridades la entregan, generándose un hoyo de desinformación sobre una zona que se mantiene militarizada (es el caso, por ejemplo, del norte de Esmeraldas), a más de la falta de trabajos de reportería sobre otros aspectos del narcotráfico en el país.

Esto también implica que se estén dejando de hacer preguntas importantes alrededor de este tema y algunas de las informaciones sean eminentemente reacciones. Este último tipo de informaciones llevan más bien a debates de tipo ideológico, de puntos de vista, cuando se trata de una realidad compleja, que no solo afecta a los ecuatorianos, sino al Estado, que va perdiendo su presencia y su fuerza ante grupos peligrosos, armados y poderosos en términos económicos.

Los periodistas tienen como su gran desafío construir este rompecabezas, pero con cabeza fría, con un riguroso trabajo de horas de lectura, de seguimiento constante de estos temas, no solo a escala nacional, sino internacional, de construcción de sus propios archivos, a fin de tener buenas bases de datos. Esto les permitirá mirar por dónde pueden hacer los planteamientos para nuevas investigaciones, bajando el nivel de riesgo que implica la cobertura de narcotráfico y su lacerante realidad. Esto, paralelamente, les lleva a un control de la información que están manejando; es decir, a solicitar información concreta, específica, y no esperar que las fuentes les entreguen lo que consideren debe ser hecho público. De igual modo, se baja su nivel de riesgo, porque el periodista tiene indicios de qué aspectos no tocar, para controlar su nivel de peligro. Es un desafío enorme, pero inevitable.

Referencias

Alto Comisionado para la paz en Colombia. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

Ameripol Comunidad de Policías de América. (2013). Análisis situacional del narcotráfico: “Una perspectiva policial”. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Bogotá: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

Aruguete, N., y Zunino, E. (2013). Diario Clarín y sus fuentes de información: Un estudio de caso. Íconos: Revista de Ciencias Sociales, (46), 15-31. Recuperado de https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/89/90

Comité para la protección de periodistas. (2010). Manual de seguridad para periodistas: cubriendo las noticias en un mundo peligroso y cambiante. Recuperado de https://cpj.org/security/guide_es.pdf

Farah, D., y Simpson, G. (2010). Ecuador at Risk: Drugas, Thugs, Guerrillas and the Citizens Revolution. Washington: International Assessment and Strategy Center.

Hernández, A. (2013). Los señores del narco. Taller para periodistas de la Fundación Gabo y Aedep, Quito.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2018a). Informe mundial sobre las drogas 2018: resumen, conclusiones y consecuencias en materia de políticas. Nueva York: UNODC Research. Recuperado de https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf

_____. (2018b). Perú: Monitoreo de cultivo de coca 2017, 16.ª ed. Lima: UNODC. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Peru/Peru_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2017_web.pdf

Patrón, A. F., y Rojas, W. (2012). Evolución y situación actual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (tesis de posgrado). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.

Pazmiño, M. (1 de junio de 2019). Entrevista con la autora realizada en Quito.

Sierra, M. (2012). Narcotráfico en las fronteras colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana. Taller para periodistas de la Fundación Gabo, Bogotá.

Tokatlian, J. G. (2001). “El Plan Colombia: ¿un modelo de intervención? Revista CIDOB d’Affers Internacionals, (54-55), 203-219.

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1. El Plan Colombia fue una iniciativa militar firmada entre Estados Unidos y Colombia, para combatir el narcotráfico. Las negociaciones para su concreción se hicieron entre 1998 y 1999 y su ejecución comenzó en 2000. Se trató de la entrega de fondos por USD 860,3  millones para la compra de armamento, desarrollo alternativo, atención a desplazados, reforma judicial y ayuda a países vecinos, donde se instalaron bases estadounidenses: Ecuador, Aruba y Curazao (Tokatlian, 2001).

2. El exministro de Defensa, Ricardo Patiño, provocó un debate al interior de Fuerzas Armadas sobre diferencias en la comida y vivienda entre oficiales y voluntarios; trató de eliminar el carácter jerárquico de una institución vertical. Otro exministro de esa cartera, Fernando Cordero, impulsó la publicación de periódicos específicos para la tropa.

3. Aruguete y Zunino (2013) especifican que las fuentes de información son funcionarios o instituciones que pertenecen al Estado o al Gobierno; además, las fuentes no oficiales son entendidas como cualquier persona que no es parte de un Gobierno o administración.