María Belén Arroyo es una periodista enamorada de su profesión. Meticulosa y detallista, capaz de trasnochar sin descanso hasta resolver un nudo, confirmar o descartar una hipótesis periodística. Junto con su esposo, Arturo Torres, también periodista, fundó el portal Código Vidrio desde el cual se publicó esta investigación sobre los negociados de Odebrecht en Ecuador en varias entregas.
También es madre de una joven que ha decidido estudiar medicina. Ella logra combinar la maternidad, con la edición política de revista Vistazo y la investigación paralela en su portal digital.
Por esta investigación, Arturo Torres y María Belén Arroyo se llevaron la distinción mayor de la Unión Nacional de Periodistas, el premio Eugenio Espejo. “La Comisión de Premios de la UNP consideró que esta investigación periodística era un extraordinario trabajo de investigación, que analizó 40.000 documentos para descubrir las conexiones familiares, societarias y políticas en torno al mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica y su nefasta sombra en Ecuador”, señalaron los organizadores. La premiación fue el 30 de enero de 2019.
Publicamos esta reflexión sobre cómo ambos periodistas armaron su trabajo periodístico y desenmarañaron las coimas de Odebrecht con el Gobierno ecuatoriano. Su aporte a la fiscalización de este enorme caso de corrupción mundial es necesario e imprescindible para que problemas como estos no queden en el olvido ni sean normalizados en una sociedad democrática.
El análisis profundo de la gran cantidad de datos que lograron procesar es una muestra del rol trascendental del periodismo, no solo en la denuncia sino en la interpretación de los hechos. Porque en la era de Internet y redes sociales, el periodismo debe ir más allá de las declaraciones y profundizar en la discusión de temas que afectan a todo un país.
Editores de #PerDebate
En enero de 2019. La serie de Código Vidrio sobre Odebrecht en Ecuador recibió el premio Nacional Eugenio Espejo de la UNP. En noviembre de 2018, quedó finalista en el concurso internacional de IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), de Perú.
Los tiempos e intereses políticos de Alianza País marcaron la primera etapa de la investigación de los fiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca sobre Odebrecht. Ambos tuvieron sumo cuidado y precaución de que la investigación no alcanzara a personajes claves que conducían al expresidente Rafael Correa, para quien trabajaron en puestos importantes de su gobierno.
El caso se remonta a fines de diciembre de 2016. En esos días, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el listado de países latinoamericanos que habían recibido sobornos de Odebrecht. Desde esa época, con Arturo Torres, empezamos a mapear todos los proyectos firmados con esa empresa, los procesos judiciales, auditorías y los funcionarios involucrados, sus colaboradores cercanos.
Durante 2017, seguimos periodísticamente el juicio que abrió el fiscal general Galo Chiriboga, nombrado por su cercanía y parentesco con Correa. Decidimos unir esfuerzos en un proyecto conjunto, ya que empezamos a detectar vacíos y sesgos en la investigación, que era de carácter reservada. Estaba enfocada únicamente en el Contralor, un exministro y el entonces vicepresidente Jorge Glas, y su tío.
Empezamos a buscar más información sobre otros involucrados que no eran tomados en cuenta por el Fiscal. Los medios esencialmente publicaban la información que la Fiscalía hacía pública y judicializaba, añadiéndole datos de contexto, a partir de las delaciones de los exdirectivos de Odebrecht.
En esos días, Arturo era editor general de El Comercio y yo editora política de la revista Vistazo. Comunicamos el proyecto a los directivos de los medios que nos empleaban y seguimos adelante. La intención inicial era publicar en conjunto la investigación, en ambos medios, en una versión esencialmente multimedia.
El siguiente paso fue sistematizar los miles de documentos en una base de datos. Para esto tuvimos el soporte de dos ingenieros de sistemas, que montaron el sitio web y diseñaron un buscador con cien informes claves, que conectaba a su vez con las historias principales de la serie periodística.
A pocas semanas de concluir la investigación, en enero de 2018, Arturo renunció a El Comercio. Ese momento decidimos crear la página web www.codigovidrio.com. Y a fines de marzo empezamos a publicar las notas semanalmente en esa plataforma.
La hipótesis central de la serie fue que Odebrecht tejió en Ecuador un entramado de relaciones, pactos y arreglos con políticos, funcionarios y empresarios, que no fueron investigados por dos fiscales generales, quienes eran parte del gobierno de Rafael Correa. Ellos se limitaron a seguir el guion de las delaciones de los exejecutivos de la constructora brasileña.
El portal Código Vidrio publicó la primera entrega de Odebrecht el 25 de febrero de 2018.
La serie, que en 2018 fue una de las catorce finalistas del concurso organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Open Society, que premia las mejores investigaciones periodísticas del continente, arrojó las siguientes revelaciones:
A partir de la documentación del proyecto Toachi Pilatón, evidenciamos que el soborno de Odebrecht al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, se depositó en un paraíso fiscal. En varias ocasiones el expresidente Correa había sostenido que ese pago correspondía a un “acuerdo entre privados”.
Quedó en evidencia la intervención de un funcionario de bajo perfil (Pablo Romero), que actuó como negociador en un proyecto con Odebrecht, plagado de irregularidades. Romero se volvió hombre de confianza de Correa, quien lo puso al frente de la Secretaría de Inteligencia (Senain). Allí, Romero —hoy prófugo en España— cometió supuesto peculado.
La Fiscalía enjuició al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera, que fueron sentenciados en este caso, pero hay más parientes involucrados. Crédito: Agencia Andes.
Realizamos dos tipos de búsquedas: documentales y testimoniales. Recopilamos miles de documentos: contratos, auditorías de organismos de control, informes, declaraciones patrimoniales, contabilidad de empresas, pericias, procesos judiciales, reportes tributarios y de compañías, actas de sesiones de directorios en empresas públicas. Complementamos la reportería con más de cincuenta entrevistas con funcionarios, exautoridades, jueces, fiscales, empresarios, abogados y analistas.
¿Qué problemas debimos sortear? Las principales dificultades se presentaron cuando la Fiscalía abrió la indagación previa, con base en las delaciones enviadas por la justicia brasileña a inicios de 2017. Buena parte de los documentos se declararon bajo reserva. Solo la Fiscalía tuvo acceso a las delaciones de los exejecutivos y a los indicios relevantes.
A partir de nuestra hipótesis, nos salimos de la lógica del fiscal de centrarse en las delaciones. Buscamos directamente los documentos cruciales en diferentes entidades públicas. Entrevistamos a los involucrados, que inicialmente se negaban a hablar, por temor a ser enjuiciados.
Pero el mayor problema fue publicar hechos que estaban ocultos y, por tanto, no habían sido judicializados por la Fiscalía, que marcaba los tiempos y agendas de los medios. Aunque era un tema de interés público, corrimos el riesgo de ser demandados por salirnos de esa línea, pues los principales afectados fueron parte del gobierno de Correa, protegido por los dos fiscales.
Las entregas de la investigación se publicaron entre febrero y marzo del 2018, cuando aún ocupaba el cargo de fiscal, Carlos Baca. Tras su destitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio nombró a Paúl Pérez Reina en su reemplazo.
A pocos meses de estar en el cargo, el nuevo fiscal abrió una nueva indagación en el caso Odebrecht en contra del expresidente Correa y varios exfuncionarios por asociación ilícita. Partió de indicios que configuran la supuesta participación concertada de exautoridades, con Correa a la cabeza, para beneficiarse del pago de sobornos de la empresa brasileña.
Basándose en una de nuestras publicaciones, el Consejo de Participación presentó una denuncia en contra del prefecto de Manabí, acusado de enriquecimiento ilícito y peculado.
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