Las conexiones secretas de Odebrecht en Ecuador

Introducción

María Belén Arroyo es una periodista enamorada de su profesión. Meticulosa y detallista, capaz de trasnochar sin descanso hasta resolver un nudo, confirmar o descartar una hipótesis periodística. Junto con su esposo, Arturo Torres, también periodista, fundó el portal Código Vidrio desde el cual se publicó esta investigación sobre los negociados de Odebrecht en Ecuador en varias entregas.

También es madre de una joven que ha decidido estudiar medicina. Ella logra combinar la maternidad, con la edición política de revista Vistazo y la investigación paralela en su portal digital.

Por esta investigación, Arturo Torres y María Belén Arroyo se llevaron la distinción mayor de la Unión Nacional de Periodistas, el premio Eugenio Espejo. “La Comisión de Premios de la UNP consideró que esta investigación periodística era un extraordinario trabajo de investigación, que analizó 40.000 documentos para descubrir las conexiones familiares, societarias y políticas en torno al mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica y su nefasta sombra en Ecuador”, señalaron los organizadores. La premiación fue el 30 de enero de 2019.

Publicamos esta reflexión sobre cómo ambos periodistas armaron su trabajo periodístico y desenmarañaron las coimas de Odebrecht con el Gobierno ecuatoriano. Su aporte a la fiscalización de este enorme caso de corrupción mundial es necesario e imprescindible para que problemas como estos no queden en el olvido ni sean normalizados en una sociedad democrática.

El análisis profundo de la gran cantidad de datos que lograron procesar es una muestra del rol trascendental del periodismo, no solo en la denuncia sino en la interpretación de los hechos. Porque en la era de Internet y redes sociales, el periodismo debe ir más allá de las declaraciones y profundizar en la discusión de temas que afectan a todo un país.

Editores de #PerDebate

En enero de 2019. La serie de Código Vidrio sobre Odebrecht en Ecuador recibió el premio Nacional Eugenio Espejo de la UNP. En noviembre de 2018, quedó finalista en el concurso internacional de IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), de Perú.

En enero de 2019. La serie de Código Vidrio sobre Odebrecht en Ecuador recibió el premio Nacional Eugenio Espejo de la UNP. En noviembre de 2018, quedó finalista en el concurso internacional de IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), de Perú.

1. Todas las evidencias llegan a Rafael Correa

Los tiempos e intereses políticos de Alianza País marcaron la primera etapa de la investigación de los fiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca sobre Odebrecht. Ambos tuvieron sumo cuidado y precaución de que la investigación no alcanzara a personajes claves que conducían al expresidente Rafael Correa, para quien trabajaron en puestos importantes de su gobierno.

El caso se remonta a fines de diciembre de 2016. En esos días, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el listado de países latinoamericanos que habían recibido sobornos de Odebrecht. Desde esa época, con Arturo Torres, empezamos a mapear todos los proyectos firmados con esa empresa, los procesos judiciales, auditorías y los funcionarios involucrados, sus colaboradores cercanos.

Durante 2017, seguimos periodísticamente el juicio que abrió el fiscal general Galo Chiriboga, nombrado por su cercanía y parentesco con Correa. Decidimos unir esfuerzos en un proyecto conjunto, ya que empezamos a detectar vacíos y sesgos en la investigación, que era de carácter reservada. Estaba enfocada únicamente en el Contralor, un exministro y el entonces vicepresidente Jorge Glas, y su tío.

Empezamos a buscar más información sobre otros involucrados que no eran tomados en cuenta por el Fiscal. Los medios esencialmente publicaban la información que la Fiscalía hacía pública y judicializaba, añadiéndole datos de contexto, a partir de las delaciones de los exdirectivos de Odebrecht.

En esos días, Arturo era editor general de El Comercio y yo editora política de la revista Vistazo. Comunicamos el proyecto a los directivos de los medios que nos empleaban y seguimos adelante. La intención inicial era publicar en conjunto la investigación, en ambos medios, en una versión esencialmente multimedia.

El siguiente paso fue sistematizar los miles de documentos en una base de datos. Para esto tuvimos el soporte de dos ingenieros de sistemas, que montaron el sitio web y diseñaron un buscador con cien informes claves, que conectaba a su vez con las historias principales de la serie periodística.

A pocas semanas de concluir la investigación, en enero de 2018, Arturo renunció a El Comercio. Ese momento decidimos crear la página web www.codigovidrio.com. Y a fines de marzo empezamos a publicar las notas semanalmente en esa plataforma.

La hipótesis central de la serie fue que Odebrecht tejió en Ecuador un entramado de relaciones, pactos y arreglos con políticos, funcionarios y empresarios, que no fueron investigados por dos fiscales generales, quienes eran parte del gobierno de Rafael Correa. Ellos se limitaron a seguir el guion de las delaciones de los exejecutivos de la constructora brasileña.

El portal Código Vidrio publicó la primera entrega de Odebrecht el 25 de febrero de 2018. 
El portal Código Vidrio publicó la primera entrega de Odebrecht el 25 de febrero de 2018.

2. Revelaciones del análisis de 40.000 documentos

La serie, que en 2018 fue una de las catorce finalistas del concurso organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Open Society, que premia las mejores investigaciones periodísticas del continente, arrojó las siguientes revelaciones:

  1. Mostramos las relaciones ocultas y contactos de autoridades estatales, funcionarios públicos, parientes y empresarios con las contrataciones de Odebrecht y otras empresas en Ecuador. Hasta antes de nuestras publicaciones, estas conexiones no fueron investigadas por la Fiscalía General, que se enfocó esencialmente en seguir el guion de los delatores de la empresa brasileña. Este proyecto no siguió la lógica de las delaciones, como principal fuente de información. El aporte adicional es haber sistematizado de entre 40.000 documentos, una base de los cien más importantes que ayudan a entender las conexiones: se encuentran disponibles en un buscador en la misma plataforma.
  2. El contralor del Estado, Carlos Pólit, que recibió pagos por 10,1 millones de dólares de Odebrecht, mantuvo un entramado de nexos en el sector público y privado que sacamos a la luz. Eso explica su relación oculta con el gobierno de Rafael Correa, durante el cual se multiplicaron los contratos con la constructora. Pólit blindó a Odebrecht con sus auditorías. Una de las amigas cercanas de Pólit fue Karina Sáenz, exgerente del Banco Central y viceministra del Gabinete. Fue socia de Sabett Chamoun, brazo derecho de Pólit en la Contraloría. Juntas crearon una firma que recibió 500.000 dólares de Odebrecht, según documentamos.
  3. El poderoso prefecto de la provincia de Manabí, Mariano Zambrano, quien está en el cargo desde hace veinte años, fue protegido por Pólit. Revelamos que fue aportante en la campaña de Correa y que se benefició con contratos del Gobierno, lo cual es prohibido por la ley.
  4. Siguiendo la línea de las delaciones, la Fiscalía enjuició al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera, que fueron sentenciados. Pero no ató más cabos. Mostramos que más parientes de Glas son directivos de empresas que recibieron contratos por más de setenta millones del gobierno correísta. Una de esas firmas es Electrocables, de Nassib Neme, amigo cercano de Rafael Correa y empresario deportivo, vinculado al equipo de fútbol Emelec, favorito del expresidente. Electrocables está asociada con Plastiquim, que fue utilizada para transferir uno de los pagos de Odebrecht al contralor Pólit.
  5. El exfuncionario Ciro Morán Maridueña, uno de los artífices del regreso de Odebrecht al país, multiplicó su patrimonio en el gobierno de Correa. Fue amigo de juventud y primo político del exvicepresidente Jorge Glas Espinel. Ocupó cargos estratégicos junto a Glas, cuando dirigió los sectores hidroeléctricos y petroleros. Morán fue el hombre detrás del acuerdo y la reconciliación entre Odebrecht y el Gobierno ecuatoriano, tras detectarse que la central hidroeléctrica San Francisco fue construida con fallas técnicas. La constructora fue expulsada del país, pero volvió meses más tarde.
  6. Rafael Correa tuvo un papel protagónico para ayudar a Odebrecht. Desde cuando fue ministro de Economía, estrechó vínculos con esa empresa, tras una visita a Brasil. A su retorno a Ecuador, ordenó destrabar pagos que le adeudaban. Una vez en la Presidencia, pidió agilitar contratos con empresas privadas, una de las más beneficiadas fue la firma brasileña, para construcción de hidroeléctricas, obviando requisitos e informes previos. Correa —como expresidente en 2017— ofreció proteger en las cortes de justicia a Ricardo Rivera, tío materno del exvicepresidente Jorge Glas. Mediante registros históricos —actas y comunicados— quedó en evidencia que la clase política conoció de las prácticas corruptas de la empresa brasileña desde la década de 1980.

A partir de la documentación del proyecto Toachi Pilatón, evidenciamos que el soborno de Odebrecht al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, se depositó en un paraíso fiscal. En varias ocasiones el expresidente Correa había sostenido que ese pago correspondía a un “acuerdo entre privados”.

Quedó en evidencia la intervención de un funcionario de bajo perfil (Pablo Romero), que actuó como negociador en un proyecto con Odebrecht, plagado de irregularidades. Romero se volvió hombre de confianza de Correa, quien lo puso al frente de la Secretaría de Inteligencia (Senain). Allí, Romero —hoy prófugo en España— cometió supuesto peculado.

La Fiscalía enjuició al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera, que fueron sentenciados en este caso, pero hay más parientes involucrados. Crédito: Agencia Andes.

La Fiscalía enjuició al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera, que fueron sentenciados en este caso, pero hay más parientes involucrados. Crédito: Agencia Andes.

3. Trabas y consecuencias de la investigación periodística

Realizamos dos tipos de búsquedas: documentales y testimoniales. Recopilamos miles de documentos: contratos, auditorías de organismos de control, informes, declaraciones patrimoniales, contabilidad de empresas, pericias, procesos judiciales, reportes tributarios y de compañías, actas de sesiones de directorios en empresas públicas. Complementamos la reportería con más de cincuenta entrevistas con funcionarios, exautoridades, jueces, fiscales, empresarios, abogados y analistas.

¿Qué problemas debimos sortear? Las principales dificultades se presentaron cuando la Fiscalía abrió la indagación previa, con base en las delaciones enviadas por la justicia brasileña a inicios de 2017. Buena parte de los documentos se declararon bajo reserva. Solo la Fiscalía tuvo acceso a las delaciones de los exejecutivos y a los indicios relevantes. 

A partir de nuestra hipótesis, nos salimos de la lógica del fiscal de centrarse en las delaciones. Buscamos directamente los documentos cruciales en diferentes entidades públicas. Entrevistamos a los involucrados, que inicialmente se negaban a hablar, por temor a ser enjuiciados.

Pero el mayor problema fue publicar hechos que estaban ocultos y, por tanto, no habían sido judicializados por la Fiscalía, que marcaba los tiempos y agendas de los medios. Aunque era un tema de interés público, corrimos el riesgo de ser demandados por salirnos de esa línea, pues los principales afectados fueron parte del gobierno de Correa, protegido por los dos fiscales.

Las entregas de la investigación se publicaron entre febrero y marzo del 2018, cuando aún ocupaba el cargo de fiscal, Carlos Baca. Tras su destitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio nombró a Paúl Pérez Reina en su reemplazo.

A pocos meses de estar en el cargo, el nuevo fiscal abrió una nueva indagación en el caso Odebrecht en contra del expresidente Correa y varios exfuncionarios por asociación ilícita. Partió de indicios que configuran la supuesta participación concertada de exautoridades, con Correa a la cabeza, para beneficiarse del pago de sobornos de la empresa brasileña.

Basándose en una de nuestras publicaciones, el Consejo de Participación presentó una denuncia en contra del prefecto de Manabí, acusado de enriquecimiento ilícito y peculado.