El trabajo apasionado y meticuloso de Arturo Torres ha sido de una trascendencia fundamental para la política ecuatoriana durante las últimas dos décadas. Alineado al valor primordial del periodismo de contar la verdad, ha dedicado casi veinte años a la investigación de temas relacionados con seguridad, corrupción y narcotráfico. En el 2000 ingresó a trabajar en la redacción de diario El Comercio como editor de la sección judicial, luego desempeñó el cargo de editor de investigación y fue su editor general hasta febrero de 2018.
Ha recibido varios reconocimientos entre los que se encuentran el premio otorgado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional en 2004. Como miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Torres participó en la investigación mundial sobre los Panama Papers, reconocido con el premio Pulitzer. Cofundó junto a su esposa, María Belén Arroyo, el portal Código Vidrio. Ambos han entregado su tiempo y su esfuerzo para destapar temas de corrupción como el caso emblemático de Odebrecht y las coimas que la empresa brasileña entregó a funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana.
Su último trabajo plasmado en el libro Rehenes es el resultado de una investigación de largo aliento que tomó nueve meses y que fue llevada a cabo tras el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio —Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra— en marzo de 2018. Este lamentable suceso dejó en evidencia las debilidades institucionales de los Gobiernos de Ecuador y Colombia en su lucha contra el narcotráfico y las disidencias guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El libro Rehenes se presentó el 31 de enero de 2019 en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito. El Estado ecuatoriano aún no ha logrado dar respuestas claras sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo de El Comercio. Este gran reportaje intenta responder las preguntas esenciales de su muerte: ¿por qué los secuestraron y por qué los asesinaron? En este relato periodístico se describen también las experiencias de muchas personas que viven en la frontera norte, de su relación con los narcotraficantes, de las formas en que sobreviven al margen del Estado, de cómo enfrentan el olvido y el miedo.
Publicamos esta reflexión sobre cómo ambos periodistas se aventuraron en buscar respuestas al asesinato de sus colegas. A pesar del dolor, creemos firmemente que, ante el silencio, los vacíos y las contradicciones, se debe responder con más y mejor periodismo porque cuando matan a un periodista, matan la libertad de todo un pueblo.
Editores de #PerDebate
Rehenes es el resultado de nueve meses de investigación llevada a cabo por Arturo Torres y María Belén Arroyo para esclarecer qué sucedió realmente con el equipo del diario El Comercio. Créditos: El Telégrafo.
El libro Rehenes es un rompecabezas que se arma a partir de una pieza central: el secuestro y muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, periodistas de diario El Comercio. Se trata de una investigación que durante nueve meses realizamos junto a María Belén Arroyo en diferentes poblados y ciudades de Ecuador y Colombia.
La revelación central de Rehenes (2019, Editorial Vórtice) es que dos factores se conjugaron para el desenlace trágico: 1) las operaciones combinadas que durante el plagio realizaron uniformados de Ecuador y Colombia; 2) la negociación fallida y tardía del Gobierno para liberar al equipo periodístico.
Otras diez piezas completan este rompecabezas. En este recorrido cada una tiene un sentido. Es, a la vez, una hipótesis confirmada, desarrollada en cada capítulo. Así, ‘El reinado del Guacho’, texto de apertura, se ancla en la siguiente hipótesis: Walther Arízala Vernaza, el Guacho, es un ecuatoriano que llegó a las FARC y de ahí pasó a dirigir el Frente Oliver Sinisterra, como miles de adolescentes que en Esmeraldas crecen en medio del abandono y la pobreza.
El Frente Oliver Sinisterra es una disidencia de las FARC que estuvo encabezada por Walther Arízala Vernaza, alias el Guacho. Créditos: Ejército de Colombia, vía El Telégrafo.
Le sigue ‘Ciegos ante el narcotráfico’. La conjetura es que diez años de permisividad y acuerdos del gobierno de Rafael Correa con las FARC, permitieron que el narcotráfico se enraizara en Ecuador. Así, su sucesor, Lenín Moreno, heredó un problema estructural que desencadenó la crisis de seguridad en Esmeraldas el 2018. Con un agravante, el anterior gobierno de Alianza País politizó la Secretaría Nacional de Inteligencia (en adelante, Senain), cabeza del sistema de Inteligencia.
Sometió la Secretaría a los intereses particulares del movimiento oficialista y la orientó a perseguir opositores y periodistas. Por eso el país estuvo ciego para entender y enfrentar el agravamiento del narcotráfico en la frontera con Colombia, tras el surgimiento de grupos disidentes residuales, que no se sumaron al proceso de paz con las FARC. Tampoco el actual régimen pudo corregir el problema a tiempo, ya que no estaba en sus planes la ruptura abrupta con Correa.
Los dos primeros capítulos no solo introducen y pintan al Guacho, uno de los personajes centrales de la trama. Explican el porqué se desató la crisis, solo comparable a lo que vivió el país en marzo de 2008 —diez años antes— con el bombardeo de Angostura. Las fuerzas colombianas atacaron un campamento de las FARC levantado en Ecuador y mataron a veinticinco personas, incluido el segundo al mando Raúl Reyes, su grupo escolta y el ecuatoriano Walther Aisalla.
Ese suceso, sus causas e implicaciones fueron plasmadas en el libro El juego del camaleón: los secretos de Angostura (Arturo Torres), que también develó cómo las FARC fueron infiltradas a distintos niveles por los servicios de espionaje colombianos y ecuatorianos, durante años. Además de los contactos que tejió el grupo irregular con colaboradores cercanos de Correa, que luego ocuparon importantes cargos en su gobierno. Así, El juego del camaleón fue una advertencia sobre la penetración de las FARC en Ecuador y sus estrechas relaciones con el narcotráfico y la clase política. Luego, Rehenes se convirtió en la sentencia.
Una década después, las FARC volvían a generar una crisis de inseguridad sin precedentes: la detonación de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas, y un actor preponderante, los disidentes del frente Oliver Sinisterra.
En ese contexto, en el año 2018 murieron diez ecuatorianos: seis civiles y cuatro militares. Aunque todos estos hechos estaban conectados, las fiscalías de Ecuador y Colombia los han investigado de manera inconexa, por separado, con teorías distintas, que han tenido un denominador común, el foco de la investigación son los delitos comunes, no la participación de agentes estatales en los crímenes ocurridos.
La madrugada del sábado 27 de enero de 2018 explotó un coche bomba en las inmediaciones del Comando policial de San Lorenzo, Esmeraldas. Créditos: Archivo El Telégrafo.
Todas esas desconexiones y negligencias se muestran en la obra y fueron en su momento señaladas por el Equipo Especial de Seguimiento (ESE), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la actuación de los Estados en este caso.
Sobre la marcha debimos también elaborar un protocolo de seguridad, pues los sitios de reportería eran altamente riesgosos y debían ser evaluados para cada desplazamiento. Con un agravante, yo no contaba con ningún seguro de vida.
Desde el inicio del secuestro, los Gobiernos de Ecuador y Colombia ocultaron información relevante que permitiera comprender lo que ocurría con los cautivos de El Comercio. Esa misma lógica se mantuvo con los casos de las otras siete víctimas de la frontera norte en el 2019. Los familiares, amigos y compañeros denunciaban constantemente el ocultamiento y la opacidad con que se manejó el Comité de Crisis, a cargo de la negociación para liberar a los secuestrados.
Toda esa información se declaró reservada y así se ha mantenido, aunque hubo el compromiso del presidente Lenín Moreno de desclasificarla, una vez conocido el trágico desenlace, en abril de 2018.
Tras el secuestro, familiares, amigos y la ciudadanía realizó plantones y vigilias frente al palacio de Gobierno para pedir el regreso de Paúl, Javier y Efraín. Créditos: Miguel Jiménez, El Telégrafo.
Cuando esas puertas se cerraron, buscamos las ventanas. Por intermedio de fuentes cerradas accedimos a los documentos de la negociación, a fotos inéditas. A los procesos judiciales en ambos países, así como a informes secretos de la Senain, que describían operaciones de la Policía colombiana durante el secuestro; pero ese reporte de Inteligencia no era suficiente frente a la magnitud y complejidad de este suceso.
Ese documento fue para nosotros el inicio de la investigación de la parte sustancial de esta historia, de la hipótesis angular. Buscamos los testimonios de oficiales y policías que participaron en esas acciones, que las pudieran corroborar.
Este fue el tramo más difícil. Para sortearlo, rastreamos a quienes elaboraron el informe de la Senain. Los ubicamos y les pedimos más datos sobre quiénes participaron en las operaciones. Nos dieron varios nombres y nos sugirieron buscar listados de todos los policías de unidades especiales que estaban asignados a Esmeraldas durante el secuestro.
Así llegamos a un alto oficial que estuvo cerca de las autoridades que dirigieron las negociaciones y nos corroboró —pidiéndonos mantener su identidad en reserva— tres puntos sustanciales:
Esta primera confirmación fue vital, pues el jefe policial también nos corroboró los nombres de otros oficiales y policías que dieron soporte y logística a las unidades colombianas. Así buscamos y accedimos a cuatro testimonios más, para obtener más detalles.
Adicionalmente, conseguimos un pronunciamiento escrito del Ministerio de Defensa de Colombia que confirmó que durante el secuestro las fuerzas militares realizaron dos operativos, en las zonas por donde movían a los secuestrados. En este punto ya estábamos, sin duda, frente a un hecho (siete fuentes humanas y documentales coincidían). No obstante, necesitábamos conocer de primera mano qué pasaba entre los integrantes del Frente Oliver Sinisterra (FOS). Sospechábamos que las versiones recogidas por la Fiscalía colombiana, premiadas con rebajas de penas, eran dudosas en su fidelidad, sobre todo por el direccionamiento de la investigación.
Quien no había accedido a alinearse con la tesis y acusación de la Fiscalía era Jesús Vargas Cuajiboy, conocido como Reinel. Él está detenido en la cárcel de Cómbita, a dos horas de Bogotá. Era uno de los hombres de confianza de Guacho y conocía de cerca lo que ocurrió durante el secuestro, aunque niega haber sido uno de los custodios de los plagiados.
Lo contactamos y recabamos su relato, que tenemos documentado. Confirmó que la Fiscalía quería obligarlo a sumarse a la versión oficial sobre la ejecución de los periodistas. Su aporte fue fundamental para ratificar que todo el tiempo hubo operaciones militares y policiales en Colombia para dar con los secuestrados.
Todas las evidencias que recabamos concuerdan con el comunicado que el FOS difundió el 11 de abril, indicando que los periodistas y el conductor murieron en medio de desembarcos y operaciones de fuerzas colombianas.
La metodología fue clave para darle a la investigación un enfoque sistémico, integral, y seguir un proceso riguroso de contrastación y posterior verificación de los datos más sensibles.
Más de novecientas fuentes están citadas en este libro. Algunas de ellas se mantienen en reserva tanto públicas como privadas por la susceptibilidad de las versiones ante los hechos. A partir del procesamiento de la información de todas esas fuentes también confirmamos que:
El libro Rehenes tiene más de 900 fuentes citadas y ya va por su tercera edición en menos de un año.
Pese al despliegue de miles de uniformados, la inseguridad persiste en Esmeraldas y a lo largo de la zona fronteriza. Hay decenas de adolescentes que han sido reclutados a la fuerza por los grupos armados.
En enero de 2019 publicamos Rehenes, pero seguimos con la investigación. Las siguientes semanas continuamos con la reportería y hemos publicado cuatro reportajes más en el portal Código Vidrio. Las historias reconfirman la tesis central de la investigación: el equipo periodístico de El Comercio, integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, no fue ejecutado de forma premeditada por sus captores. Lo más probable es que murieron en medio de una confrontación armada.
Tras todas las publicaciones, la Fiscalía ecuatoriana, esta vez a cargo de una nueva cabeza, Diana Salazar, dio un giro a la investigación. En abril de 2019 cambió la teoría del caso: ahora investiga ‘Violaciones a derechos humanos’ y la posible actuación de agentes estatales en la muerte. De este modo, dejó de ser un caso de delincuencia común, para configurar un posible delito de Estado.