Colaboración de Projusticia
Introducción del Dr. Miguel Hernández Terán
Con alguna audacia hemos llegado a conceptualizar a la modernización del Estado como un conjunto de políticas, actitudes y acciones orientadas firmemente a la búsqueda o el incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y productividad del desempeño de las instituciones del Estado y sus órganos, sobre la base de la racionalidad. La modernización de la administración de justicia consiste en la aplicación de tal concepto a la prestación del servicio público de administrar justicia.
También podemos decir que la modernización de la administración de justicia procura la ampliación del horizonte de aplicación efectiva de la misma en términos inmediatos, así como potencializar tal horizonte a corto, mediano y largo plazo, sobre las bases del debido proceso, la imparcialidad, y la autonomía interna y externa de los órganos de la Función Judicial y de ésta misma respectivamente.
Obviamente esa eficiencia y esa productividad a que hemos aludido depende de diversos factores. Así, humanos, económicos y jurídicos. La facilidad otorgada por el BID es esencialmente de tipo financiero. Corresponde a la Función Judicial y a las áreas, órganos e instituciones relacionados con su desenvolvimiento, aportar con la parte que racionalmente les corresponde en el marco de sus competencias específicas.
Para lograr estos propósitos modernizadores el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha suscrito un convenio de cooperación no reembolsable con el Ecuador, llamado Modernización del Sistema Jurídico, signado con el número ATN- SF-5687 EC. Sus puntuales propósitos, la proyección de su ejecución y su ejecución misma la presentamos a continuación. Y lo hacemos con el convencimiento de que este canal de comunicación que hemos encontrado en la Revista del área de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito constituye una posibilidad real de difusión de las actividades que venimos cumpliendo en PROJUSTICIA con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo; institución a la que una vez más agradecemos por la facilidad provista a través de la cooperación anotada.
(Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia)
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/SF-5687-EC entre el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo
E1 objetivo fundamental del programa, es apoyar el proceso de reforma judicial en el Ecuador, contribuyendo con el fortalecimiento de la independencia judicial, el mejoramiento de los recursos humanos y de la gestión administrativa de la Función Judicial; y, facilitando el acceso ciudadana a la justicia.
Para lograr los objetivos descritos, el programa comprende la realización de los siguientes componentes y actividades:
Este componente incluye el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Elaboración de las reformas legales referentes a la implantación del principio constitucional de la unidad jurisdiccional. Esta actividad se encuentra en su etapa final y el borrador de Proyecto de Ley Orgánica de la Unidad Jurisdiccional ha sido puesto a consideración por Projusticia y el Consejo Nacional de la Judicatura a los diferentes sectores involucrados. El texto final del Proyecto estará listo a finales del presente mes de diciembre. Estas reformas legales se elaboran a la luz del principio de independencia interna y externa de la Función Judicial y está orientado hacia el fortalecimiento del principio de la independencia en la administración de justicia.
2. Elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial. Projusticia se encuentra brindado apoyo a la Comisión de la Corte Suprema de Justicia constituida para elaborar el Anteproyecto de LOFJ. Esta actividad culminará con la redacción final del mencionado Anteproyecto a finales del mes de enero del año 2000. Este cuerpo legal es fundamental dentro del proceso de modernización de la Administración de Justicia y se desarrolla con el objetivo de brindar a la Función Judicial una Ley Orgánica moderna que permita y viabilice el proceso de modernización en marcha.
3. Estudio sobre el nuevo papel del Ministerio Público dentro del sistema penal ecuatoriano, que incluya recomendaciones concretas para el marco normativo reglamentario, presupuestario y administrativo. La actividad comprende además el diseño de un nuevo sistema administrativo para el Ministerio Público que facilite la realización de sus nuevas responsabilidades y su fortalecimiento institucional. Esta actividad está en marcha y se espera contar con el nuevo modelo administrativo del Ministerio Público en el mes de Abril del año 2000.
4. Programa de Capacitación sobre las Nuevas Responsabilidades del Ministerio Público en el Ecuador. Este Programa se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Gobierno de la República de Francia, entre el mes de mayo y noviembre de 1999. En el mencionado Programa intervinieron como capacitadores expertos nacionales en el tema y 12 expertos franceses. La capacitación tuvo una duración de 125 horas, se realizó en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y estuvo dirigido a jueces de lo penal, fiscales y policías judiciales.
5. Elaboración de la propuesta para el mejoramiento de la Defensoría Pública en coordinación con las Instituciones correspondientes, que permita sentar las bases para el desarrollo de programas de Desarrollo Institucional. Esta actividad está orientada hacia la institucionalización de la Defensoría Pública y la ampliación de su cobertura, en función de lo establecido en las nuevas normas constitucionales en la materia. Proyectamos tener lista la propuesta en mayo del año 2000.
Este componente incluye el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Diseño de un sistema institucional de permanente de Capacitación y Formación vinculado con la Carrera Judicial (Formación inicial especializada y educación continua con énfasis en el desarrollo de habilidades y aptitudes) incluyendo su marco legal y reglamentario, la definición de la estructura composición y funcionamiento de la unidad encargada de supervisar las actividades de capacitación (incluyendo estudios de tercerización de servicios)
2. Identificación de necesidades de capacitación de jueces y funcionarios judiciales en la que se incluya la definición del perfil de los jueces y funcionarios judiciales en base de lo cual se determina las materias sustantivas y las metodologías de enseñanza, elaboración de propuestas curriculares, reglamentos y manuales de concurso, selección y evaluación de postulantes, elaboración de sistemas de evaluación y seguimiento. Debe incluir la realización de seminarios y talleres de difusión y discusión de propuestas. Y el desarrollo de actividades concretas de capacitación en gestión de proyectos a los encargados de dirigir el sistema.
Projusticia se encuentra en proceso la fase final de contratación de esta actividad y se espera contar con el diseño del modelo de capacitación hacia el mes de Junio del año 2000 y proceder a la implantación efectiva del sistema.
3. Implementación efectiva del sistema y realización de actividades específicas de capacitación. Incluye la capacitación de capacitadores durante la ejecución del programa con entrenamiento especializado en derecho, regulación y control ambiental, así como en materia de derecho de familia y de la mujer. Esta actividad se desarrollará a partir del mes de Junio del año 2000, una vez que se cuente con el diseño del sistema permanente de capacitación.
4. Projusticia en coordinación con diferentes Cortes Superiores del país y la FENAJE, con el aval del Consejo Nacional de la Judicatura viene desarrollando eventos de capacitación a nivel nacional sobre las Reformas Constitucionales Referentes a la Función Judicial. Hasta los momentos se han realizado 9 eventos de capacitación a nivel nacional y con equilibrio regional. Se tiene previsto la realización de 4 eventos adicionales en diferentes provincias del país.
5. Se encuentra en marcha un Programa de Capacitación en Técnicas de Conciliación Judicial dirigido a todos los jueces de lo civil, laboral, inquilinato y tránsito de las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Manta. El objetivo es brindar estrategias efectivas de conciliación a los jueces que les permita el manejo más efectivo de las audiencias de conciliación judicial.
6. Evaluación del sistema disciplinario que incluya el comportamiento ético de los jueces y recomendaciones concretas para su fortalecimiento, incluyendo un taller de generación de consensos para su implantación. Projusticia se encuentra definiendo con el Consejo Nacional de la Judicatura los alcances de esta actividad, la cual se desarrollará a partir del mes de febrero del año 2000.
Este componente incluye el desarrollo de las siguientes actividades:
1. El diseño de un nuevo sistema administrativo que facilite su incorporación al Consejo Nacional la judicatura, el cual incluye entre otros aspectos la descentralización del sistema administrativo, la reorganización de sus actuales dependencias, la reasignación de funciones, la adopción de nuevas metodologías de gestión, la implantación de manuales operativos, la creación de sistemas modernos de planificación física, financiera y de personal; creación y mejoramiento del sistema de información con el respectivo Plan de Informática y Estadística.
Projusticia se encuentra en proceso la fase final de contratación de esta actividad y se espera contar con el diseño del nuevo modelo administrativo de la Función Judicial hacia el mes de Junio del año 2000 y proceder a la implantación efectiva del sistema.
2. Implantación efectiva del sistema incluyendo la capacitación del personal, con actividades de evaluación y seguimiento. Estas actividades prevén la dotación de equipo informático.
Este componente incluye el desarrollo de las siguientes actividades:
1. Creación y reglamentación de un fondo especial que está financiando la ejecución y evaluación del desempeño de pequeños proyectos sostenibles de accesos a la justicia diseñados y propuestos por organizaciones de la sociedad civil.
2. Difusión de la existencia del fondo con el objeto de lograr la amplia participación de organizaciones de la sociedad civil.
3. Ejecución de proyectos por parte de organizaciones de la sociedad civil dirigidos a la población de escasos recursos y particularmente a la mujer, la familia los niños, las comunidades indígenas y las minorías étnicas en temas tales como defensa legal, educación legal popular y uso de medios alternos de solución de conflictos.
4. Seguimiento y evaluación de los proyectos en el marco de este fondo.
En la ejecución de este componente Projusticia se encuentra financiando 15 proyectos a nivel nacional orientados hacia el mejoramiento del acceso ajusticia de los sectores vulnerables de la sociedad.
Federico Chiriboga Vásconez. Doctor en Jurisprudencia, cum laude, por la Universidad de Salamanca. Ha ejercido la cátedra de Derecho Tributario en la Universidad Católica de Quito. En la actualidad es socio de estudio "Pérez, Bustamante y Pérez", donde practica la profesión de abogado.
César Coronel Jones. Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y ha sido Decano en la Facultad de Derecho, además de profesor de Derecho Civil, Derecho Constitucional y Derecho Mercantil. Se ha desempeñado como árbitro y mediador de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y articulista de "El Telégrafo".
Santiago Andrade Ubidia. El doctor Andrade es, en la actualidad, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tiene una gran experiencia como catedrático en las áreas de Derecho Civil y Derecho Mercantil, principalmente. Es profesor de Teoría de las Obligaciones en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.
Jorge Zavala Egas. Uno de los más prestigiosos abogados en materia de Derecho Aduanero, Derecho Penal, Derecho Tributario y Derecho Constitucional, el doctor Zavala ejerce la profesión en Guayaquil. Es, adicionalmente, catedrático universitario, autor de varios ensayos y tratados jurídicos y conferencista.
Ricardo Noboa Bejarano. Abogado y político. En lo público, ha sido candidato a la Presidencia de la República, Ministro de Industrias, Asambleísta, Diputado y Concejal de Guayaquil, entre otros cargos de importancia. En la práctica profesional se destaca por ser uno de los más importantes abogados de Guayaquil.
Diego Pérez Ordóñez. Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Coordina el Centro de Pensamiento Jurídico del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.
Alberto Wray Espinosa. Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Quito, Alberto Wray es en la actualidad profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Penal en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Es también abogado en libre ejercicio profesional.
Fernando de Trazegnies Granda. El doctor Trazegnies es, en la actualidad, Canciller del Perú. Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lima y Embajador de la Soberana Orden de Malta ante el Gobierno del Perú. Es autor de varios tratados y estudios relativos al Derecho, y es uno de los más prestigiosos juristas de América Latina.
Luis Henrique Farías Mata. El doctor Farías Mata es profesor de Derecho Administrativo en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. También es Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito.
Patricio Quevedo Terán. Es profesor de Derecho Romano y de Historia del Derecho en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Además de su carrera docente hay que mencionar su larga trayectoria como periodista. Hoy en día es conductor de un programa de opinión en la televisión y articulista de "El Comercio".
Juan M. Quevedo García. El doctor Quevedo obtuvo su título en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Tras más de treinta años con la compañía Texaco, se reincorporó hace pocos años al estudio "Quevedo & Ponce".
Javier Robalino Orellana. El doctor Robalino obtuvo su título en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito. Es profesor de Derecho Administrativo en dicha Facultad, y en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. También ejerce la profesión de abogado.
Hugo A. Acciarri y Andrea Castellano. Los autores son, respectivamente, profesor de Derecho de las Obligaciones y profesora de Microeconomía de la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Tienen a su cargo la dirección de un grupo de investigación institucional (PGI) sobre Análisis Económico de la Responsabilidad Civil, en dicha universidad.
Rodrigo Juón Letort. El doctor Jijón es profesor de Teoría del Proceso en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Fue profesor de Derecho Procesal Civil durante más de diez años en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, de la que fue Subdecano en 1995-97.
Lorena Cascante C. Es profesora de Teoría del Proceso en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Mientras termina su tesis doctoral, trabaja en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.