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La Alianza del Pacífico y su relacionamiento con la Comunidad Andina y Centroamérica
The Pacific Alliance and its Relationship with the Andean Community and Central America
Jaime Gallegos-Zúñiga[1]
Universidad de Chile, Santiago, Chile
Recibido: 31/01/2021
Aceptado: 10/12/2021
DOI: http://dx.doi.org/10.18272/iu.v28i28.2197
Resumen
El presente estudio revisa, a partir de diferentes trabajos doctrinarios y fuentes formales de Derecho, el relacionamiento de la Alianza del Pacífico con la Comunidad Andina y algunos países de Centroamérica, a efectos de evaluar la posibilidad y conveniencia de estrechar los lazos con esas economías, atendiendo a lo recorrido en estos años y las perspectivas que se avizoran para el futuro. Tales aspectos resultan relevantes de ponderar, tomando en cuenta la incertidumbre por la que atraviesa el comercio internacional y la reconfiguración productiva que podría generarse como consecuencia de la pandemia global derivada del brote de COVID-19, concluyéndose que, como resultado de la ausencia de una política comercial común del bloque y la inestabilidad política de la región es difícil proyectar, con claridad, el devenir de tales vinculaciones.
Palabras clave
Integración económica, América Latina, Centroamérica, comercio internacional, política comercial.
Abstract
This study reviews, based on different scholar works and formal sources of law, the relationship of the Pacific Alliance with the Andean Community and some Central American countries, in order to evaluate the possibility and convenience of strengthening ties with those economies, taking into account the length of these years and the prospects that are looming for the future. Such aspects are relevant to ponder, taking into account the uncertainty that international trade is going through and the productive reconfiguration that could be generated as a consequence of the global pandemic derived from the COVID-19 outbreak, concluding that, as a result of the absence of a common commercial policy of the bloc and the political instability in the region, it is difficult to clearly project the future of such links.
Keywords
Economic Integration, Latin America, Central America, International Trade, Trade Policy.
1. Introducción
El presente estudio describe el relacionamiento de la Alianza del Pacífico con la Comunidad Andina y algunos países de Centroamérica, con la finalidad de evaluar la conveniencia de profundizar los lazos con esas economías, describiendo las circunstancias que han marcado el devenir de este nuevo ensayo de desarrollo que agrupa a Chile, Colombia, México y Perú, y proporcionando elementos para proyectar la eventual vinculación que pudiera trazarse.
La Alianza del Pacífico, tratado de libre comercio, que surge formalmente mediante el Acuerdo de Paranal de 2012, aspira a lograr una integración profunda entre sus Estados Parte, Chile, Colombia, México y Perú, para lo cual, mediante su Protocolo Comercial, celebrado en 2014, regula una serie de elementos de las transacciones entre estas economías.
Mayoritariamente (Pinto, 2014, p. 138-139) se indica que el antecedente mediato de este proyecto es la Iniciativa Arco Pacífico, instancia política diplomática informal, que operó como mecanismo de consulta y articulación (Cepal, 2008), y que reunió, entre 2007 y 2011, a Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, con el objetivo de construir una estrategia con la cual afrontar la relación comercial con diferentes economías de Asia-Pacífico (Bueno de Lercari, 2011, p. 41-48).
Esa propuesta cesó sus funciones atendidas las incompatibilidades ideológicas de los Jefes de Estado que la conformaban, lo que tuvo como consecuencia que se estimase que se podría avanzar de forma más rápida y efectiva sólo con algunos de sus partícipes (Pennetta, 2015, p. 312), pasando a la configuración de un proyecto dirigido a la apertura de mercados.
En efecto, conviene recordar que los Estados Parte de la Alianza del Pacífico presentan una orientación económica y política similar, inspirada en ideas liberales, que posicionan en un lugar preponderante al mercado en el plano económico y políticamente adoptan la democracia representativa, patrocinando un discurso que, en cierta medida, se encontraba bastante desplazado en el continente, motivo por el cual esta propuesta recibió el calificativo de club neoliberal latinoamericano (Hui, 2014, p. 70-71).
Aun cuando este bloque busca convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, “con especial énfasis al Asia Pacífico”, con arreglo al literal c) del artículo 3 de su Acuerdo constitutivo, desde sus orígenes, se ha pretendido un relacionamiento con países de América Latina, debiendo advertirse, con todo, que esta nueva iniciativa exhibe una institucionalidad mínima (Gallegos, 2019, p. 76-82), no cuenta con una política comercial común, y a partir de ello, sus Estados Parte mantienen su autonomía para celebrar o denunciar los tratados que estimen pertinentes.
2. La Comunidad Andina
En su momento se indicó que la Alianza del Pacífico debilitaba a la Comunidad Andina (Sánchez, 2012, p. 714), o que resultaba un “golpe final” (Ielpi, 2014, p.102) a ese proceso, dejándolo obsoleto (Santos, 2018, p. 344), menoscabándose una vez más esa iniciativa decana de la integración sudamericana, como ya había ocurrido, en su momento, por la formación, del G3, en 1994, el acuerdo entre Colombia, México y Venezuela, la firma del tratado de libre comercio entre Estados Unidos con Colombia y Perú, y el posterior abandono de Venezuela, en 2006, o luego, con ocasión de la celebración del acuerdo con la Unión Europea, que tampoco incorporó a todos sus países (Arroyave, 2016, pp. 177-178).
En este caso, la formación de la Alianza del Pacífico importa un giro de dos de los Estados andinos con políticas más liberales, que optan por un camino propio, sin abandonar el bloque que surgió en 1969, el cual subsiste con los demás integrantes, Bolivia y Ecuador, en su momento, partidarios de tendencias anti sistémicas (Palotas y Duarte, 2014, pp. 124-125), pero que en el devenir de corto tiempo, al salir de los gobiernos Evo Morales y Rafael Correa, han renegado esas posturas y han abandonado la organización icónica de esa tendencia, el ALBA y también la UNASUR, no obstante que, con la avasalladora llegada de Luis Arce Catacora a la Casa Grande del Pueblo, el país altiplánico vuelve a alinearse con las posturas de Caracas y La Habana.
No obstante el menoscabo que la Alianza del Pacífico pudiere significar en la Comunidad Andina, hay autores que postulan que es viable la coexistencia de estos esquemas y la membresía compartida de Colombia y Perú en ambos, y a tales efectos, postulan que es aconsejable se sea cuidadoso, para no provocar una colisión entre los instrumentos normativos que regulan las relaciones de los socios (Novak y Nahmías, 2015, p. 190), aspectos que los mencionados Estados precisaron en el Acuerdo Marco de la citada Alianza, suscrito en Paranal, Chile (artículo 8) y en su Protocolo Adicional (artículo 1.2), reconociendo sus membresías y obligaciones previas. En el fondo, se postula que es aconsejable actuar con pragmatismo, a fin de no perder el acervo andino construido a lo largo de los años, procurando, al mismo tiempo, aprovechar el eventual crecimiento económico que pudiere producirse de prosperar las cadenas subregionales de valor que persigue la Alianza del Pacífico (Campos, 2019, pp. 79-83).
En una línea análoga, Guzmán (2015, p. 56) estima que la Comunidad Andina debería adoptar o utilizar algunos instrumentos aprobados en la Alianza del Pacífico que se muestren como eficaces, empleando la misma lógica que se esgrimió (González, 2008, pp. 186-195) en su momento, para justificar los acuerdos que celebraron particularmente Colombia y Perú con Estados Unidos.
Desde otro punto de vista, se afirma que la Alianza del Pacífico no supone un reemplazo ni de la Comunidad Andina ni de Mercosur, pues estos bloques poseen agendas más profundas, que abordan -al menos nominalmente- un crisol más amplio de aspectos sociales, culturales, de flujos de personas, y de una gama amplia de aspectos de diferente naturaleza, teniendo en cuenta que la esfera comercial no se basta por sí sola, con los bajos niveles de intercambios intra regionales que el nuevo proyecto exhibe. A su vez, más que suprimir o superar esas otras alternativas de varias décadas de funcionamiento, debe tenerse en cuenta que en nuestro subcontinente existen problemas migratorios acuciantes, que sería aconsejable abordar en conjunto, en instancias de convocatoria amplia, como fue, en su oportunidad UNASUR (Quiliconi y Herrera-Vinelli, 2019, p. 147).
Palotas y Duarte (2014, p. 134) plantean la importancia geopolítica y estratégica de incorporar a Ecuador en la Alianza del Pacífico, socio natural del proyecto[2] , luego del cambio de enfoque de las políticas económicas que llevara el ex Presidente Moreno, y que continuarán con el Presidente Lasso.
En efecto, Ecuador en 2018 expresó su interés en convertirse en Estado asociado, debiendo tenerse presente que, desde 2013 (durante el mandato del Presidente Correa, que se extendió entre 2007 y 2017) ocupa la posición de Estado observador, y en la actualidad, de cara a alcanzar la posición de Estado Parte (Kuwayama, 2019, p. 25), sus autoridades están desplegando una fuerte campaña interna (Gómez, Mila y López, 2019, pp. 397-405) para conseguir la venia de actores preponderantes de ese país ante ese proyecto (Quiliconi y Rivera, 2019, p. 5-8), idea que ha generado muchas expectativas en diferentes especialistas de esa nación (Larenas, Rubio y Flores, 2018), quienes ven a los partícipes de la Alianza del Pacífico como potenciales fuentes de inversión extranjera (Valencia, Casares, Aguirre y Vinueza, 2020, pp. 417-425), proyectando además a esa plataforma como una vía adecuada para una mejor inserción internacional ecuatoriana. Sin perjuicio de lo cual, también se formulan algunas prevenciones en lo que se refiere a la balanza deficitaria que ese país presenta con países de la Alianza del Pacífico (Rubio, Yaselga y Aguirre, 2019, pp. 27-35).
Los acercamientos han seguido avanzando, y prueba de ello es la suscripción de los términos de referencia entre los Estados Parte de la Alianza del Pacífico y Ecuador, el pasado 11 de diciembre de 2020, durante la XV Cumbre del bloque aludido, celebrada virtualmente desde Santiago de Chile, de cara a avanzar hacia la incorporación del país como miembro asociado.
Con todo, es necesario advertir que, si bien Ecuador cuenta con una liberalización bastante avanzada con Colombia y Perú, como miembros de la Comunidad Andina, y también con Chile, en virtud del acuerdo de complementación económica en vigor[3]; con México, sólo cuenta con un instrumento de alcance parcial[4], a partir de lo cual el acceso preferente es bajo, por ello, ese prerrequisito debiese abordarse, de modo prioritario[5]. Todo lo anterior, en un contexto en que la economía ecuatoriana se encuentra en una posición de rezago en materia de apertura comercial, si se le compara con los Estados Parte de la Alianza del Pacífico (Alvarado, 2019, pp. 9-23).
A su vez, no puede dejar de mencionarse que existen algunos aspectos normativos de ese país que dificultarían la incorporación al proceso, como por ejemplo, que de acuerdo con su Constitución, en su sistema de contratación pública debe darse prioridad a los oferentes locales (artículo 288), siendo que el Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico establece, como regla general, el trato nacional y no discriminatorio entre proponentes locales y aquellos de otros Estados Parte del bloque (artículo 8.3.1), como también que en Ecuador parece rechazarse el sistema de arbitraje entre inversionista y Estado receptor (Fernández, 2020, pp. 116-117), a la luz de la poco clara (Marchán, 2011, pp. 207-2015) prevención del inciso segundo del artículo 422 de la Carta Fundamental de 2008, aspectos que entran en contradicción con disposiciones del Protocolo Adicional (artículo 10.16.3) de la Alianza del Pacífico.
La renuncia de Evo Morales -quien había emitido categóricos comentarios contra la Alianza del Pacífico (Alzate, 2015, pp. 40-41), y la convocatoria a elecciones en ese país, abrieron las puertas para que la nación altiplánica abandonara el ALBA, aspecto que podría mirarse como un primer paso hacia una mayor apertura de su economía y en esa hipótesis, la Alianza en análisis, podría servirle como una iniciativa para una internacionalización de sus bienes, como una incorporación en potenciales encadenamientos productivos que se generen, atendida la experiencia y desenvolvimiento que, en el primer aspecto tienen los Estados Parte del nuevo modelo subregional, que va un paso adelante (Saldaña y Rodríguez, 2018, pp. 79-86) en el ámbito de la liberalización comercial.
Debe recordarse que Bolivia mantiene relevantes flujos comerciales con Perú, y en menor medida con Colombia y Chile (Moreno, Narváez y Sancho, 2016, pp. 13-19), relaciones que, en su caso, podría buscar incrementarse, como también con el gran mercado mexicano, con el cual posee flujos bastante reducidos.
Con todo, el aplastante triunfo de Luis Arce Catacora parece evaporar cualquier posibilidad de acercamiento con la Alianza del Pacífico, proyecto con el cual también mantiene diferencias normativas importantes en distintos campos, como en el tratamiento que debe brindarse a las inversiones extranjeras (artículo 320 de la Constitución boliviana), las cuales no deben recibir un trato preferente al de los nacionales de ese país, proscribiendo el acceso abierto a un sistema de arbitraje de inversión (Bodensiek y Peluffo, 2015, pp. 578-586), y otros aspectos, como también, porque en el nuevo bloque latinoamericano en análisis participa Chile, país con el cual ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas, como consecuencia de un conflicto bélico que enfrentó a ambos países a fines del siglo XIX, y que aún mantiene heridas abiertas en La Paz.
Además, un acercamiento con la Alianza del Pacífico supondría una nueva capa en la superposición de propuestas en las que se incorporan los países de América Latina, lo que dista de ser lo ideal, desde luego, pero a estas alturas no puede mirarse como algo imposible de concebir, tomando en cuenta que Bolivia hace bastantes años está en proceso de incorporarse como Estado Parte de Mercosur, sin que ello suponga abandonar su membresía en la Comunidad Andina (Restivo, 2017).
5. Centroamérica
Se ha postulado que el paso natural que debiesen dar los países centroamericanos hispanoparlantes es incorporarse a la Alianza del Pacífico, al contar todos ellos con costas hacia ese Océano, además de acumular muchos años de experiencia en instancias de integración (como SICA), teniendo en consideración, además, que ese escalón les permitiría perfilarse de manera más sólida a Asia u otros bloques, adhesión que también pudiese resultar positivo para el esquema formado por Chile, Colombia, México y Perú, al incrementar su envergadura y también para aprovechar la ubicación geográfica estratégica de Mesoamérica, puente entre Europa y lejano Oriente que, por lo demás, cuenta con estructuras productivas que podrían mirarse como complementarias, en algunos aspectos (Spillan y Virzi, 2017, pp. 14-21).
Asimismo, Leiva (2016, pp. 229-233) indica que, desde un punto de vista geopolítico, las relativamente recientes relaciones diplomáticas entre esos países centroamericanos y China, se han visto acompañadas de muchos aportes del gigante asiático que, a través de diferentes donativos, está buscando persuadir a otras naciones de esa región, que siguen relacionándose con Taiwán[6], de modo tal que la participación de tales Estados en la Alianza del Pacífico podría suponer un atractivo adicional para estrechar lazos con Beijing.
Costa Rica, Panamá y Guatemala (las tres economías más grandes de Centroamérica) han tenido acercamientos a la Alianza del Pacífico (Parthenay y Dabène, 2019, pp. 114-117) dirigidos a alcanzar el estatus de Estado Parte (Daniels, 2015, pp. 178), participando las dos primeras durante el proceso de formación del bloque en análisis (como puede apreciarse de la lectura del artículo 17 del Acuerdo de Paranal). Honduras también ha manifestado su intención de un mayor relacionamiento (Castro, 2020, p. 458) (Riveros y Domínguez, 2016, p. 101), mientras que El Salvador y la República Dominicana son Estados observadores, de modo que, de los miembros del Sistema de Integración Centroamericano, sólo Belice y Nicaragua no tienen vínculo formal alguno con el esquema de que se trata.
6. Panamá
Panamá, ya en 2011, actuó como Estado observador de la Declaración de Lima y luego, en 2012, como invitado y observador del Acuerdo de Paranal, avances que hacían esperar que ese país del canal, a 2015, fuera Estado Parte de ese proyecto (Maúrtúa, 2014, p. 15). Sin embargo, el proceso de la ratificación del tratado de libre comercio con Colombia[7], firmado el 20 de septiembre de 2013, que, como se sabe, es condición para incorporarse como Estado Parte no obstante todas las potencialidades que se han exhibido (Reina, Oviedo y Moreno, 2014) se estancó en 2016 en la Asamblea Nacional panameña (Pastrana y Castro, 2017, p. 79).
Se ha destacado lo positivo que resultaría para Panamá el incorporarse a la Alianza del Pacífico, puesto que como Estado Parte podría desplegar de mejor manera su capacidad logística, hoy subutilizada, pudiendo posicionarse como un centro de distribución de los productos elaborados por el bloque, contándose también como elementos positivos los potenciales flujos turísticos que podrían estimularse, como también, el interactuar con países que cuentan con mejores niveles educacionales, en virtud de lo cual podrían adquirirse habilidades y competencias para hacer más eficiente su sistema productivo.
Ahora bien, más allá del escollo formal de la ratificación del tratado de libre comercio con Colombia, se ha advertido (Astudillo, Diamond, Fernández, Lagarda y Linares, 2018, p. 19-61) que, el ocupar la posición de Estado Parte, supone también emprender una serie de modificaciones regulatorias conducentes a una mayor apertura para poder ejercer en el país una gama profesiones, que hoy se encuentran vedadas a los ciudadanos extranjeros, como también una eventual reforma constitucional acerca de los sujetos habilitados a desarrollar comercio al por menor dentro de esa economía, aspectos que, además del ordenamiento económico, implica alteraciones en la preceptiva de migraciones, e incluso en la normativa referente a transparencia financiera, de cara a una eventual participación en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que permite una interconexión entre las bolsas de comercio y los depósitos centralizados de valores de los cuatro Estados Parte, a fin de facilitar transacciones dentro de ese espacio, entre otros aspectos, que como puede apreciarse, no resultan asuntos fáciles de resolver.
7. Costa Rica
Costa Rica, en tanto, participó como observador de la cumbre celebrada en Chile, de 2012, en la cual se firmó el Acuerdo de Paranal constitutivo del bloque, y, en mayo de 2013, se constituyó un Grupo de Trabajo dentro de la Alianza del Pacífico, a efectos de evaluar su incorporación como Estado Parte.
En el marco de ese proceso, el 10 de febrero de 2014, Costa Rica emitió una declaración adhiriendo a los principios de esta iniciativa, manifestando su intención de suscribir el Protocolo Adicional, lo que se esperaba se concretase en pocos meses (Meacham, 2014, p. 4). Sin embargo, luego de ello, hubo una serie de discusiones internas sobre la conveniencia de esa decisión (Villarreal, 2016, pp. 2-3) que llevaron a que esta incorporación no prosperase.
En ese contexto, el sector agrícola costarricense (que ya había quedado marginado de las liberalizaciones establecidas en los acuerdos bilaterales firmados, en su oportunidad, con los Estados Parte de la Alianza del Pacífico) se ha opuesto a la participación plena en la iniciativa, lo cual impidió que se pudiera seguir avanzando con la incorporación del país al proyecto (Wong, Palma, 2018, pp. 120-127).
Es importante mencionar que Costa Rica ya cuenta con tratados de libre comercio con los cuatro Estados Parte de la Alianza del Pacífico, con Chile fue firmado en 1999 (en vigor desde 2002), con Colombia fue suscrito en 2013 (en vigor desde 2016), con México, la modernización del acuerdo previo fue firmada en 2011 (en vigor desde 2013), y con Perú fue suscrito en 2011 (en vigor desde 2013). A partir de tales convenios, a la fecha se exhibe una interesante relación cualitativa (de ciertos encadenamientos), de inversiones y turistas, fundamentalmente con México y Colombia, y en menor medida con Chile y Perú (Fonseca, Rivera y Recinos, 2020, pp. 178-185).
Asimismo debe hacerse presente el interés de ese país centroamericano por incorporarse a APEC, para lo cual, su participación en la Alianza del Pacífico pudiera verse como un buen acercamiento a ese foro y una proyección decidida a Asia Pacífico (Soto, Morales, 2014, pp. 247-250), lo que le permitiría, en su caso, abrir nuevos mercados, que se sumarían a aquellos a los cuales ya cuenta con acceso preferencial en virtud de los acuerdos de libre comercio en vigor, con China, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá.
A su vez, no puede perderse de vista que el principal destino de las exportaciones de ese país centroamericano es Estados Unidos que, con las medidas proteccionistas adoptadas durante la administración del Presidente Trump (no obstante el arribo reciente del Presidente Biden) parecen hacer aconsejable una diversificación de los mercados, y para ello la Alianza del Pacífico puede servir de útil plataforma, teniendo en cuenta que al ser un mercado tan pequeño le resulta difícil negociar, en forma autónoma, con otros países o bloques de mayor envergadura, además de los mejoramientos de los estándares nacionales que puede alcanzar (Wong, Palma, 2018, pp. 115-118).
Por otro lado, la incorporación como Estado Parte de Guatemala ha sido obstaculizada por Perú (Pastrana y Castro, 2017, p. 79), país con el cual mantuvo una diferencia en la OMC por la importación de azúcar[8].
Ahora bien, no puede dejar de advertirse la complejidad que, a su vez, produciría la incorporación como Estados Parte de Panamá, Costa Rica o Guatemala a la Alianza del Pacífico, atendida la membresía de estos países en el Sistema de Integración Centroamericano, que cuenta con un Código Aduanero propio, lo cual añadiría más elementos a la superposición de compromisos que van entrelazándose entre partícipes simultáneos de diferentes proyectos subregionales (Manfredi y Tamayo, 2015, p. 15).
No obstante la prevención anterior, nos parece interesante mencionar que Palotas y Duarte (2014, p. 134) han manifestado la conveniencia de que la Alianza del Pacífico adopte una postura proactiva, invitando a formar parte del bloque a otros países centroamericanos, como Honduras, El Salvador e incluso Nicaragua, brindándoles un trato preferente, atendidas sus condiciones económicas, como el que se ha dado en otros esquemas como la Unión Europea, Mercosur y la Comunidad Andina, a sus socios menos desarrollados, aspecto que ayudaría a un relacionamiento en conjunto, y no solo de modo parcial si solamente algunas economías del sistema centroamericano se acercasen a esta nueva iniciativa.
8. El complejo escenario actual
Como ideas finales, creemos oportuno advertir que las relaciones que pueda trazar la Alianza del Pacífico se encuentran insertas en un contexto de incertidumbre global, que hace difícil vaticinar una construcción lineal y progresiva de las mismas, más aún tomando en cuenta que los Estados Parte de este bloque mantienen su autonomía comercial, y pueden ir particularmente avanzando más con determinadas economías, en desmedro de una actuación conjunta, que no permiten proyectar con claridad el rumbo que el bloque puede seguir, a todo lo cual se añade el creciente desencanto que México (Franzoni, 2019, pp. 275-278), que dicho sea de paso, es el principal socio de este proyecto, demuestra hacia esta propuesta.
En efecto, es recurrente leer y escuchar que la Alianza del Pacífico se encuentra atravesando una etapa de estancamiento (Pastrana y Castro, 2020), situación que demanda a sus promotores a replantear tanto sus relaciones internas, como aquellas sostenidas y por construir con países latinoamericanos, más aun en coyunturas tan dolorosas como las que se están viviendo actualmente, las cuales invitan a reflexionar sobre la conveniencia de la deslocalización productiva radicada en el lejano oriente que, a la luz de los hechos, parece no resultar tan conveniente por asuntos estratégicos, como también por aspectos de sustentabilidad, teniendo en consideración las emisiones contaminantes aparejadas a los desplazamientos transoceánicos de mercaderías.
Quizás la pandemia, derivada del brote de COVID-19 le sirva a América Latina como una nueva oportunidad (aprendiendo de las lecciones dejadas por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), los diferentes sistemas de maquila y otra serie innumerable de ensayos y errores) para proyectar y desarrollar cadenas de valor regionales, que nos aseguren con mayor inmediatez determinados bienes, y que, a su vez, permitan potenciar las industrias nacionales tan golpeadas en los procesos de reprimarización de las exportaciones que se ha producido en los últimos años en nuestra región (Salgado y Shoenmann de Moura, 2019), para lo anterior, las profundas heridas y dolores que nos deja esta traumática experiencia, debiese servirnos de especial impulso.
En efecto, se hace necesario un replanteamiento sobre la manera cómo se han concebido las distintas iniciativas de cooperación/integración en América Latina, las cuales no han resultado realmente eficientes para hacerse cargo de una crisis de la envergadura como la que azota al mundo y en especial a esta zona geográfica[9]. A raíz de lo anterior, desde Naciones Unidas (Cepal, 2020, p. 16) se ha hecho un especial llamado de atención para que se promuevan la solidaridad, la cooperación y las alianzas entre las naciones a escala regional para hacer frente a la pandemia y a sus efectos políticos y sociales.
9. Conclusiones
En momentos de incertidumbre global, agudizados en América Latina, tanto por la inestabilidad de los gobiernos de los Estados Parte de la Alianza del Pacífico, como de otros países de la región, como también por los estragos que está provocando la pandemia del coronavirus es difícil proyectar, a mediano a plazo, la manera en que pueden entrelazarse las relaciones inter regionales.
Dada la fragilidad institucional de los distintos ensayos de la zona, estos bloques no están cumpliendo eficazmente con sus objetivos en el marco de este trance histórico, y falta mucho para que se logre un actuar mancomunado para afrontar posibles catástrofes de esta envergadura, como se está haciendo en otros espacios, como el de la Unión Europea.
Es de esperar que traumas de esta magnitud sirvan para extraer lecciones acerca de la conveniencia de un actuar solidario y conjunto, limando diferencias político-ideológicas y también normativas, en aras a alcanzar un bien superior común.
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